Injusta Justicia

Con toda la polémica que se ha levantado sobre el caso “Mari Luz”, y coincidiendo con el pacto que han alcanzado gobierno y oposición, el funcionamiento de la Justicia en España ha entrado en el debate público. Algo, que por cierto, ya tocaba. Y aunque soy muy escéptico sobre las medidas que se puedan adoptar, hay dos conclusiones claras. La primera es que la Justicia carece de medios en España y ello repercute severamente en su ejercicio. Y la segunda es que, tras la renovación pactada del CGPJ, su propia independencia puede estar en un brete. Creo que conviene diferenciar ambas cuestiones para intentar ser riguroso.

Si uno se acerca al lavabo de cualquier Audiencia Provincial, es posible que se sorprenda al verlo lleno de cajas de expedientes. Los tribunales en España están claramente desbordados por la falta de personal y recursos. Sobre el personal, casi el 80% de la Audiencia de Barcelona (por poner un ejemplo) está con contratos temporales. Y no sólo el auxiliar, sino que los propios jueces se acogen a un régimen de estancia transitoria. La media de expedientes que se tramitan a la vez ronda los 4000. Y uno esperaría cierta capacidad de organización telemática (ningún ser humano podría retener tanta información) pero lo cierto es que se carece por completo de un registro informático. Así, faltan a la vez los recursos materiales y los organizativos para permitir racionalizar el funcionamiento de la Justicia. Evidentemente, la Justicia es lenta porque debe garantizar los derechos individuales. Pero esta lentitud lógica del carácter del Derecho lleva a la exasperación cuando se combina con esta falta de recursos. Si a esto le sumamos el que el número de contenciosos se incrementa exponencialmente, estamos ante una situación kafkiana. La competencia en Justicia, compartida por las CCAA y el Estado, sólo sirve de excusa para tirarse la pelota entre las administraciones. Después de todo ¿Qué político daría más recursos a una justicia que, en teoría, sirve cómo contrapeso a su poder?

Lo que entronca con la segunda cuestión, el órgano de gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que la Constitución reconoce como político. Se encarga, no sólo del régimen sancionador, sino de controlar salarios y destinos de los jueces. Antes de 1985, eran los propios jueces quienes elegían sus miembros. Sin embargo, el PSOE reformó la ley para que fueran nombrados en función de las mayorías parlamentarias. Y ello tiene sus claroscuros. Porque aunque gracias a eso se pretendía desactivar el corporativismo de la judicatura, lo cierto es que pasaba a poner este órgano en manos de los partidos políticos. De hecho, ya se ha visto como el Consejo en funciones ha servido como un ariete más de la oposición contra el gobierno. Y ahora los partidos se lo han repartido, fijando como miembros a jueces afectos a ellos o de sus organizaciones satélites. Y eso que más de la mitad de los jueces no pertenecen a ninguna asociación. Pero no había espacio para la independencia, sino para un equilibrio (y una mayoría dependiente de los vocales de CiU y PNV) que satisficiera a todos. El mismo órgano que asigna a los jueces que juzgan la corrupción de nuestros políticos, tiene a sus vocales designados por ellos. ¿Separación de po… qué?

La mayoría de nuestra judicatura la forma gente competente, honrada e independiente. Aunque los medios que tienen son escasísimos y eso compromete muchas veces su eficacia. Pero en su cúpula la situación está mucho mas politizada y es mucho más amenazante para la calidad de nuestro sistema político. Una Justicia independiente es la garantía de una democracia sana y libre. El poder requiere de contrapesos aunque mucho me temo que en nuestro país no estamos en la mejor de las situaciones. Lo peor de todo es que, realmente, nadie moverá un dedo allí arriba para cambiar esta situación. Ya les va bien así.