Balanzas fiscales

Se han publicado por fin las tan demandadas (desde Cataluña, claro) Balanzas Fiscales. Bueno, tampoco han aportado ninguna novedad, más a allá de la posición que las diferentes CCAA tienen en el ranking. Por descontado, las que más aportan son Madrid, Valencia, Cataluña y Baleares. Las que más reciben, Andalucía y Extremadura. Al menos, y más allá de algunas declaraciones fuera de tono, se cae el mito aquel de la Cataluña insolidaria. Por más que acusaran a los grupos catalanes de beneficiarse una vez tras otra de los gobiernos nacionales en minoría, lo cierto es que no han sabido, no han podido o no han querido revertir esta situación.

Para un importante sector de la ciudadanía, esta distribución de la riqueza es la lógica. En vista de que los impuestos son pagados por parte de los ciudadanos, es normal que el que más posea haga una mayor contribución. Pero este cálculo se hace sobre la diferencia de lo que se recauda en un territorio respecto de lo que se invierte por parte del Estado central. Y la inversión (en forma de infraestructuras, por ejemplo) no se reparte individualmente sino colectivamente. Construir una carretera afecta a una comarca, pero la podrán utilizar tanto los que tienen más renta como los que tienen menos. Aunque de media la mayor inversión sea realizada en las zonas mas atrasadas, no es menos cierto que en las propias comunidades ricas hay zonas extremadamente depauperadas. Tampoco pretendo echarle toda la culpa al Estado central, porque no es menos cierto que las propias CCAA tienen responsabilidades importantes en la asignación del gasto, algo más del 50% de las Administraciones Públicas. Y el como se distribuyan sus prioridades de inversión corresponde a los gobiernos autónomos. No va a tener de todo la culpa Madrid.

Un día antes de la publicación de las balanzas fiscales salía a la luz un informe sobre la cantidad de funcionarios que contratan las CCAA. Los contrastes son evidentes de nuevo. En Cataluña, no más de un 8% de ciudadanos trabajan para la comunidad como empleados públicos. En Extremadura, alrededor de un 22%. Donde hay más paro y pobreza, las administraciones se convierten en un elemento generador de empleo. Pero no es menos cierto que ese empleo lo pagamos entre todos, y que la inercia de una administración pública muy abigarrada es difícil de romper. Porque podemos tener dos conceptos de justicia. Puede ser que lo justo sea que el que más tenga, más pague. Pero también podemos pensar que es justo que el que más contribuye, más pueda decidir sobre a que se destina su contribución. La primera visión responde a un estado jacobino. La segunda, a uno federal.

No quiero con esto hablar de que la solidaridad entre comunidades sea excesiva o negativa. Al contrario, ha hecho mucho por las regiones más pobres. Pero bueno, aquí nadie se rasga las vestiduras por la mayor injusticia existente en este país en términos de discriminación entre ciudadanos, que es el cupo vasco y navarro. Dos comunidades que no aportan un euro a la caja central. De otro lado, no es menos cierto que se ha generado en algunas regiones una cierta inercia de dependencia de inversiones del Estado. Eso a veces puede generar cortapisas para que desarrollen su propia riqueza potencial. No pretendo dar la cuadratura del círculo aquí. Ahora se abre un periodo de debate entre los responsables de las CCAA, y cada cual defenderá legítimamente sus intereses. Pero mientras intentemos llegar a un compromiso de manera multilateral, avanzaremos en la dirección correcta.