Vic; capital de la vergüenza

La resolución del Alcalde de Vic de dejar a los inmigrantes ilegales sin el derecho a empadronarse no pasó desapercibida. Para los que no hayan seguido el asunto, a efectos prácticos esto se traduce en que los inmigrantes ilegales no tendrán derecho en Vic a la asistencia sanitaria. Aunque la medida ha sido criticada por varios ministros y por varios movimientos anti-racismo y de izquierdas, en Cataluña la respuesta ha sido bastante más tibia (con la saludable excepción de ICV). Veamos de donde vienen los polvos que traen estos lodos.

Primero, hay que pensar que Vic es el municipio donde “Plataforma per Catalunya”, la organización de extrema derecha xenófoba de Josep Anglada obtiene mejores resultados electorales. Por lo tanto, hay un caldo de cultivo interesante para sacar réditos de cualquier acción contraria a la inmigración. Como representaba Manel Font en una viñeta; se abre el melón de la xenofobia. Pero no sólo hay que pensar a nivel micro, sino en el marco general del discurso. En pasadas contiendas electorales, sean las catalanas o las españolas, tanto el Partido Popular como Convergencia i Unió plantearon sendas iniciativas “a la francesa” de contratos de integración. Incluso muchos se jactaban del impulso que cobró la campaña de Mariano Rajoy tras presentar dicha propuesta. Estos contratos se convertirían en esa especie de filtro de poderes taumatúrgicos que convertiría al desharrapado inmigrante en un “buen español/ catalán”. Sólo había que ver el cartel electoral de Duran i Lleida en el que ponía aquello de “La gente se va de su país no por ganas sino por hambre. Pero en Cataluña no cabe todo el mundo.” Por lo tanto, la concurrencia de este coqueteo con la xenofobia con una situación económica complicada (pero no conflictiva) se ha materializado en esta deleznable iniciativa.

Desagregaré los tres principales argumentos que justifican la acción concreta, ahora que aún tengo fresco el (no) debate que se mantuvo en Intereconomía sobre el tema y cuales son las falacias y los prejuicios que se esconden detrás.

1. Es una medida legal, por lo tanto no hay problema (¡Mario Conde dixit!). Es la típica confusión entre lo legal y lo justo/ legítimo. Si todas las medidas que son legales fueran justas estaríamos convirtiendo en letra muerta la política. Algo, por cierto, propio de los que adoran a la Constitución como su único Dios. Evidentemente, en la línea de Josep Ramoneda, considero que esta medida es inmoral y despreciable, por más que sea legal.

2. No es justo para los demás inmigrantes, en situación regular, que se puedan empadronar los irregulares. Alguien tendrá que explicarles que regularidad y empadronamiento son dos conceptos diferentes en nuestro derecho y que da pie a diferentes tratos jurídicos. Si la cuestión es tratar igual a los que están en la misma situación ¿Alguien se cree que un inmigrante irregular (empadronado o no) tiene los mismos derechos que uno regular? Este último puede (aunque a veces condicionado al tiempo de estancia en España) acceder a todas las prestaciones sociales.

3. No es justo para los contribuyentes que costeemos la Sanidad a inmigrantes ilegales, que no cotizan. Este es el típico argumento que camufla el cinismo. Sobre Sanidad habría que mantener un debate propio, quizás en otra ocasión. Pero no deja de resultar curioso que esta situación se plantea sobre los mismos inmigrantes que trabajan en economía sumergida pero no así de los europeos del norte que vienen a España a disfrutar de la gratuidad de nuestro sistema. ¿Interés por la sostenibilidad del sistema público o xenofobia?

Está claro que tarde o temprano tendríamos que pararnos a pensar en nuestra comunidad, pero no puede ser de esta manera, restringiendo los escasos derechos que tienen unas comunidades que están abandonadas a su suerte. Empezando por atacar siempre al más débil. ¿Debemos dejar en manos de la extrema derecha cuestiones tan importantes como los derechos sociales y de ciudadanía? Yo creo que no.