
Las Cajas de Ahorro son entidades financieras de carácter atípico en el resto de Europa. Nacidas de los antiguos Montes de Piedad, tienen entre sus obligaciones tener objetivos de carácter social. Aunque antes se dedicaban sólo a la captación de ahorro, a partir de 1977 pueden ofrecer los mismos servicios que los bancos ordinarios. Las Cajas de Ahorro, además, son reguladas por las comunidades autónomas, que fijan sus estatutos y disponen de una importante cantidad de representantes. De la misma manera, gestores y corporaciones municipales toman parte en su consejo de administración. Por supuesto, disponen de notables beneficios fiscales, y pese a esta naturaleza mixta, la UE las considera como empresas. A partir del desarrollo autonómico, todas las regiones han ido creando sus propias Cajas, más o menos al amparo del poder político. Y por supuesto, incidiendo en ellas de la manera más descarada. Los ejemplos más recientes son la posible fusión de las tres cajas vascas (que el PNV ve con tan buenos ojos) y la guerra abierta por Caja Madrid (entre dos sectores del Partido Popular). Caja Castilla La Mancha, la que acaban de intervenir, la gestionaba un ex diputado socialista.
Bueno ¿Y que tiene de malo que estén politizadas? En general, se podría argumentar que por su función social, es razonable que los cargos públicos tengan mano en las mismas. Esto me liga con la cuestión inicial. Sabemos que el principal problema que hace aflorar corrupción es cuando no limitamos los espacios de intervención política, dejando espacios para el uso partidista/ personalista de recursos públicos. Por ejemplo, sabemos que España es de los países de Europa con mayor número de cargos de designación política. Esto favorece que, ante una opinión pública que no lo sanciona (baja probabilidad de rendimiento de cuentas) las tentaciones de designar a los afines sea alta, no sobre criterios de eficiencia si no de lealtad personal. Así, se genera un caldo de cultivo que permite que la corrupción anide en el sistema a través del clientelismo. Si a eso le sumamos la ausencia de una ley de financiación de partidos actualizada, contextos de especulación urbanística desmesurada, una justicia sin medios… podemos entender un poco nuestra posición global en el ranking de corrupción (puesto 28).
El problema de que los políticos puedan meter mano en las Cajas de Ahorro es que es un instrumento enormemente tentador para la corrupción. El dinero es poder y no pocos partidos tienen deudas de financiación con Cajas. Ante esta situación, es poco probable que no intervengan en las mismas. Manejan unos recursos financieros considerables y no son gestionados siempre con la prudencia y el tino deseables para una situación económica tan difícil. Por eso me da miedo que permanezcan en sus manos. Porque bastantes problemas estamos teniendo ya para que gestionen lo público, como para fiarse de lo que hagan en lo financiero. Y, pensando en el sistema político, me preocupa que las Cajas de Ahorro sean una ventana de oportunidad para la mayor corrupción de nuestra política. El sentido de Estado llamaría a separar política de Cajas de Ahorro. El sentido común te dicta que eso jamás se hará.