Su principal argumento es que las cosas en la administración española no funcionan dado que existe una voluntad deliberada para que las cosas no funcionen como la colectividad desea. El desgobierno de España se produce por la perversa intención de la clase política empeñada en que la cosa pública no funcione para así poder saquear el país a su gusto; y a tal efecto ha provocado una desorganización sistemática del aparato público. ¿Duro, verdad? Los pasos dados se han basado en convertir la Constitución en papel mojado, dejándola incumplida sistemáticamente. El segundo paso ha sido aprobar una legislación aberrante e inaplicable. Y el tercer paso ha sido montar una contraorganización capaz de bloquear todo lo que funcione o pueda funcionar. Una administración débil, en suma, que contrasta con el autoritarismo del estado español, pero cuya responsabilidad no debe buscarse en ningún gobierno. Como el autor añade, el fracaso de la administración viene de muy lejos y se encuentra en las raíces profundas de la vida española, comunes a todos los regímenes y gobiernos.
Me sería muy difícil resumir todos los componentes del libro. En todo caso, se centra en la interacción entre políticos y funcionarios, la ejecución de las normas, el fracaso de los mecanismos de control y los mecanismos contra organizativos. El político patrimonializa el Estado, que reparte entre sus fieles, carentes de capacidad como gobernantes pero de probada lealtad. Ante este escenario, los altos funcionarios diseñan las políticas que venden al ministro, mientras que reconvienen las que no les gustan. Si se toman decisiones desagradables, los funcionarios de base no las ejecutan. Y, por supuesto, sin contar con que se toman decisiones contrarias entre ministerios e incluso dentro del mismo ministerio. Las rutinas de expedientes hacen que la administración sólo funcione por detrás de la realidad. Si hay conflictos, los temas se pudren en comisiones mixtas. Los organigramas cambian con el nuevo ministro, pero las unidades permanecen sin cambios mayores que el rótulo de la puerta. Unas direcciones generales tienen dinero que derrochan a expuertas mientras que otras no tienen ni para pagar el teléfono.
La redacción legal es aberrante, garantista pero imposible de aplicar. Se carecen de los medios materiales y temporales para cumplir la ley. Así, el funcionario sólo puede hacer la vista gorda para que el retraso en los expedientes no termine por dar una subvención a una empresa cuando ya haya quebrado. Aunque una visita al ministro puede adelantar el expediente una barbaridad…La ilegalidad es la tónica predominante. Las garantías judiciales no funcionan. Se carece de medios, el contencioso- administrativo está saturado, las postas de los juicios menores son tan caros que hacen inaccesible la justicia al ciudadano de a pie. Se genera la ley del embudo en la que la ley sólo se aplica a unos pero no a los poderosos que pueden impedir su cumplimiento. Menos mal que el autor alaba que el TC no había sido politizado. ¡Demasiado tarde! Inflación orgánica, omisión de la responsabilidad, ineficiencia… son los platos del día. Para concluir, el autor alaba a políticos y funcionarios que de buena fe intentan hacer un servicio público, pero lo cierto es que el sistema ha sido diseñado de una manera tan torticera que el primero acaba por ser cómplice (por acción o por omisión) del desgobierno mientras que el segundo termina por desmotivarse y ser ineficiente.
PD: ¿Cuál es la diferencia entre un capitán u otro si al final nadie le mete mano a la sala de máquinas?
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