No tenía ganas de escribir nada en el blog hasta mi vuelta a Barcelona la próxima semana. La actualidad, más allá de las tonterías solemnes de las escuchas que se le practica al Partido Popular, la alargada sombra de la sentencia sobre el Estatut y los recientes golpes a ETA, ha dado para poca cosa. Sin embargo, el nuevo curso político llega cargadito de sorpresas. La prueba más clara es el debate sobre la subida de los impuestos que, en teoría, pretende el gobierno para el próximo año fiscal.
En primer lugar, asumir que estamos hablando sobre posibilidades, porque hasta que no se concrete tal medida no podemos hablar sobre los posibles efectos. La vicepresidenta económica declaró el otro día que “todas las figuras son susceptibles de ser revisadas” y el propio Presidente ha declarado hoy que “habrá figuras que se revisarán al alza y otras a la baja” si bien algunas subidas serán “temporales y/o limitadas”. ¿Cuál es la genealogía de nuestro sistema fiscal como para que se plantee tal posibilidad? En primer lugar, recomiendo cautela sobre los datos de variación de la presión fiscal, porque dependen de la actividad económica. Por eso cuando hay crecimiento la presión fiscal siempre se incrementa (así ha sido la última década) y cuando hay crisis se reduce (como ahora pasa). En todo caso, en España la presión fiscal es entre 5 y 8 puntos inferior a la de los países de nuestro entorno. Lo que nos da algunas pistas de las razones por las que al Estado le ha volado el superávit de hace dos años tan rápido. A poco que se incrementa el gasto, este es muy inferior a los ingresos.
Nuestro sistema fiscal por lo que atañe al IRPF, que es el principal impuesto progresivo ha tendido a simplificar los tramos marginales máximos mientras que los obtenidos de rentas del capital han permanecido constantes. Es decir, que las rentas que se gravan más progresivamente son las del trabajo, más difíciles de evadir. Pese a que el tributo se ha tendido a simplificar por razones de eficiencia (lo que ha reducido su potencial de redistribución) continúa siendo el principal puntal de reparto de la riqueza. El 4% de los contribuyentes aporta el 37% de la recaudación, y aproximadamente el 20% de esta se obtiene del 1% de declarantes, aquellos que cuentan con una base imponible superior a los 120.000 euros anuales. Pese a que es un impuesto que grava a las clases medias muy en general, no se puede negar que hay medias y medias. Desde una perspectiva ideológica, puede haber quien esté a favor o en contra de esta labor redistributiva del estado, confrontadas en el polo entre los más y los menos intervencionistas en economía. Sin embargo, lo que yo me pregunto es: ¿Hay argumentos económicos que justifiquen una subida de los impuestos?
Más allá de la justificación ideológica, siempre se nos ha dicho que bajar impuestos era positivo para la economía (incluso alguno dijo que bajar impuestos es de izquierdas). La razón es que al bajarlos, la renta disponible de las familias se incrementa, luego se incrementa el consumo y se activa la economía. Una subida de impuestos, por lo tanto, tiene el efecto contrario y parece una mala solución. Sin embargo, está demostrado que el potencial de estímulo económico es el doble con el gasto del Estado que con bajadas de impuestos, con el añadido de que una bajada es privar de unos ingresos al Estado que son irrecuperables (políticamente, poco grato). Todos los países han optado por medidas contra-cíclicas de gasto público de diverso tipo. En España, préstamos a bancos, Plan E, ayudas al automóvil y mantenimiento de gasto público. Medidas que sirven como colchón a la economía y que, empleadas eficientemente, pueden potenciar un cambio de modelo productivo. Pero son unas medidas que generan déficit y una deuda que se debe pagar en el futuro. Y que hace necesario que el Estado recaude más para hacer frente.
Yo considero que una subida de impuestos a las rentas más altas es algo positivo. Y me refiero a esos 4% de contribuyentes por encima de los 120.000 que son los que más aportan y más tienen. Amplia el margen de maniobra para el Estado y permite compensar el déficit e incrementar la inversión productiva. Ahora bien, eso debería combinarse con otras medidas como es la ampliación del mínimo exento (o tipos marginales) a las rentas más bajas. Así se estimularía, a su vez, el consumo y habría un componente redistributivo y se aliviaría ligeramente las cuentas públicas. Y aprovecho para despejar tres tiros a puerta. 1. No, no son los ricos los que más invierten en empresas, pues el tejido productivo español se basa en PYMES y en autónomos, a los que el IRPF no es su principal problema. De hecho, el 60% de autónomos son mileuristas. 2. No, más ingresos no justifican cualquier política de gasto, si no gasto productivo y de inversión en capital físico y humano y 3. Si más gente intenta defraudar, pues se ponen más inspectores. Ya se que muchos justifican bajar impuestos a las rentas altas porque hay mucho fraude, pero no me suena que hayamos hecho que matar no sea delito porque haya mucha gente que huya después del crimen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario