Ayer, en el seminario de Ciencia Política, abordamos un (muy bueno, a mi entender) paper de Irene Lapuerta, una de nuestras compañeras de doctorado. El tema es la evaluación de la política de excedencia para el cuidado de los hijos y el impacto que tienen los incentivos económicos que ofrecen para que sean exitosas. La comparativa tomaba como modelo las únicas CCAA que las implementan: Castilla Leon y La Mancha, La Rioja, Navarra y País Vasco.
Los principales hallazgos de su investigación mostraban que cuanto mejor sea la dotación económica que ofrezca la política, tanto más probable es su uso, del mismo modo que las restricciones en renta mínima la constreñen, ya que limitan los potenciales beneficiarios. Por eso mismo Navarra y Castilla León salían las mejores paradas mientras que en La Rioja poseían un impacto muy marginal. No dejaba de ser lógico el perfil medio de usuario de la política de excedencia. Mujer de estudios y nivel de renta medio y en un entorno laboral protegido (funcionario, gran empresa). La reflexión que me pareció más interesante es la referente a un trade-off, vasos comunicantes, entre una política de guarderías y una de excedencias. La primera hace público el proceso de desarrollo cognitivo y no cognitivo del niño mientras que la segunda implica el “privatizar” este proceso. Ello tiene un impacto directo sobre la igualdad. Está demostrado por la literatura especializada que el ir a la guardería repercute muy positivamente en el futuro éxito escolar del niño, y este efecto es todavía mayor en las familias pobres. ¿La razón? El estímulo educativo de un ambiente depauperado (con padres menos educativos, poco tiempo para el niño…) es muy menor al que podría obtener al cargo de un puericultor.
Por lo tanto, esta presentación me ayudó a añadir una dimensión más, en la que no había reparado, por la cual hace falta una buena política a favor de las guarderías. Mi argumento clásico refería al mercado de trabajo. La gratuidad y disponibilidad de plazas de guardería ayuda a movilizar la mano de obra femenina. Liberada del cuidado de los niños, la madre puede incorporarse al mercado laboral, incrementando la población activa. A la vez, las plazas de guarderías generan empleo y se moviliza un sector en el que el estado debe invertir: el de cuidado infantil y de Tercera Edad. En la medida que se privaticen estos procesos de cuidados (como es el caso de inmigrantes o guarderías privadas) ello tendrá un efecto directo sobre equidad. Pero para el caso que me ocupa, incluso sobre la propia productividad de la economía. Si ahora hay que basarse en la investigación y desarrollo, ello implica mejorar nuestro capital humano; mejorar la educación. Si tenemos una parte de nuestros ciudadanos, potenciales trabajadores cualificados, que entran en una espiral de sub-desarrollo académico precisamente por su posición social de partida, todos perdemos. No hay meritocracia si no partimos todos de la misma línea de salida. Así que los poderes públicos se tienen que mojar.
No es casualidad que sean precisamente las CCAA arriba mencionadas las que aplican políticas de excedencia y no de guarderías. Aunque el impacto y difusión de las primeras no es tan grande como el de las segundas, si configura un modelo de políticas públicas. Lo que habrá que plantearse es, no sólo si es el más conveniente para el país, si no también si es el que queremos para nuestros hijos.
Los principales hallazgos de su investigación mostraban que cuanto mejor sea la dotación económica que ofrezca la política, tanto más probable es su uso, del mismo modo que las restricciones en renta mínima la constreñen, ya que limitan los potenciales beneficiarios. Por eso mismo Navarra y Castilla León salían las mejores paradas mientras que en La Rioja poseían un impacto muy marginal. No dejaba de ser lógico el perfil medio de usuario de la política de excedencia. Mujer de estudios y nivel de renta medio y en un entorno laboral protegido (funcionario, gran empresa). La reflexión que me pareció más interesante es la referente a un trade-off, vasos comunicantes, entre una política de guarderías y una de excedencias. La primera hace público el proceso de desarrollo cognitivo y no cognitivo del niño mientras que la segunda implica el “privatizar” este proceso. Ello tiene un impacto directo sobre la igualdad. Está demostrado por la literatura especializada que el ir a la guardería repercute muy positivamente en el futuro éxito escolar del niño, y este efecto es todavía mayor en las familias pobres. ¿La razón? El estímulo educativo de un ambiente depauperado (con padres menos educativos, poco tiempo para el niño…) es muy menor al que podría obtener al cargo de un puericultor.
Por lo tanto, esta presentación me ayudó a añadir una dimensión más, en la que no había reparado, por la cual hace falta una buena política a favor de las guarderías. Mi argumento clásico refería al mercado de trabajo. La gratuidad y disponibilidad de plazas de guardería ayuda a movilizar la mano de obra femenina. Liberada del cuidado de los niños, la madre puede incorporarse al mercado laboral, incrementando la población activa. A la vez, las plazas de guarderías generan empleo y se moviliza un sector en el que el estado debe invertir: el de cuidado infantil y de Tercera Edad. En la medida que se privaticen estos procesos de cuidados (como es el caso de inmigrantes o guarderías privadas) ello tendrá un efecto directo sobre equidad. Pero para el caso que me ocupa, incluso sobre la propia productividad de la economía. Si ahora hay que basarse en la investigación y desarrollo, ello implica mejorar nuestro capital humano; mejorar la educación. Si tenemos una parte de nuestros ciudadanos, potenciales trabajadores cualificados, que entran en una espiral de sub-desarrollo académico precisamente por su posición social de partida, todos perdemos. No hay meritocracia si no partimos todos de la misma línea de salida. Así que los poderes públicos se tienen que mojar.
No es casualidad que sean precisamente las CCAA arriba mencionadas las que aplican políticas de excedencia y no de guarderías. Aunque el impacto y difusión de las primeras no es tan grande como el de las segundas, si configura un modelo de políticas públicas. Lo que habrá que plantearse es, no sólo si es el más conveniente para el país, si no también si es el que queremos para nuestros hijos.
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