Prohibir el burka no soluciona nada

La polémica sobre la prohibición del burka y el niqab está de rabiosa actualidad y el tema continuará coleando a medida nuevos municipios continúen vetando su uso en las instalaciones públicas. De hecho, fuentes ministeriales han asegurado que en la “Ley de Libertad Religiosa” se realizará una limitación de su uso. Incluso el Partido Popular, que siempre va un paso más allá en estos temas, ha planteado incluso la completa supresión del burka en las calles. La medida de la prohibición ha suscitado, por tanto, un consenso entre partidos de muy diferentes ideologías. Pese a esto, y sin querer entrar en el fondo del significado que tiene el burka y el niqab dentro y fuera del Islam, creo que la prohibición tiene poco fundamento y hasta puede ser contraproducente.

El primer argumento por el que se debería prohibir el burka en las instalaciones públicas es, según sus promotores, el de la seguridad. Entiendo por lo tanto que se refiere a dos dimensiones. Por una parte, al hecho de que los ropajes puedan facilitar el camuflaje de armas, explosivos u otras sustancias peligrosas que no puedan ser detectadas por las autoridades. La segunda dimensión es la de la identificación de la propia persona, que resulta prácticamente imposible con el atuendo islámico. Sin embargo, la prohibición del burka y niqab tiene difícil cabida aquí. Respecto al primer elemento: ¿Por qué un burka es más fácil transportar y esconder armas que, por ejemplo, en una gabardina, un hábito de sacerdote o una mera mochila? Si este es el problema; ¿No es más lógico hacer controles en los accesos, como en cualquier estación de tren o aeropuerto, que prohibir una tipo muy concreto de prenda? De hecho, el burka o niqab es mucho más minoritario en comparación con las personas que entran con mochila en un ayuntamiento y que podrían potencialmente podrían transportar sustancias peligrosas. Y respecto a la identificación de los ciudadanos, creo que no sería nada difícil el hacer a la portadora del burka que mostrara el rostro cuando tiene que identificarse ante el funcionario público. Porque un policía puede pedirte que te identifiques en cualquier momento, y no pasa nada. Para eso no hace falta prohibir el burka.

Hay un segundo argumento, que es el de los laicistas, que piensan que es lógico que quien esté en una instalación pública no exhiba ningún tipo de símbolo religioso. Este argumento tendría su cabida si se tratase de un modo ecuánime a todas las confesiones religiosas, pero como sabemos no es el caso. ¿No tenemos a los concejales yendo en las procesiones de semana santa y la guardia civil escoltando el Sepulcro? De hecho, se prohíbe el burka pero no se prohíbe el portar ningún otro símbolo religioso, como los sombreros negros del judaísmo o los crucifijos de los cristianos. Ya me he posicionado un montón de veces a favor de la separación Iglesia-Estado, pero dudo que esta medida vaya en esta dirección. A mi modo de ver sólo se pude justificar en base a dos principios. O el individuo es Estado, y por lo tanto, no puede llevar ningún distintivo religioso (sería el caso de los funcionarios, que deberían ir uniformados). O bien el individuo está bajo un régimen de tutela especial por parte del Estado (como en los niños en las escuelas, por ejemplo, en el que el Estado ejerce de tutor). Este último punto sería más polémico, pero desde luego no se ajusta a la prohibición actual.

El último argumento es el de que el burka debe ser prohibido por ser un símbolo de explotación y dominación de la mujer. Aunque prohibir los símbolos es relevante, en este caso puede ser muy peligroso. Si se prohíbe el burka, la mujer es probable que termine sin salir de casa por presión del marido y no vaya ni a la escuela, ni al mercado y a las oficinas de atención al cliente. En resumen, que no se soluciona el problema, sino que se lo invisibiliza. ¿No será mejor mantener interlocución con los miembros moderados de esas comunidades? ¿No será mejor hacer obligatoria para estas mujeres la educación, así como talleres especiales de adaptación? ¿No será mejor ofrecerles ayudas a la emancipación si así desean hacerlo, en la línea de lo que se hace con las mujeres maltratadas? Desde luego, la prohibición es una estrategia que lejos de solucionar nada, sólo oculta el problema y de paso, permite arañar algunos votos xenófobos.

Tragedia

Por definición, una tragedia es aquella situación en la que uno sólo puede optar entre dos males inevitables. En la que haga lo que haga, está abocado al abismo. Esta situación se asemeja mucho a la que está pasando ahora mismo el Gobierno Zapatero. Y creo que toca explicitar algunos de los problemas que le han venido impuestos y que le han abocado a esta situación. Dejemos de lado los errores, que creo que ya he subrayado bastante en las últimas entradas (aunque algunos nos han llevado hasta aquí). Veamos de momento la espada y la pared.

Cuando comenzó la crisis, y después de aprobados los planes de rescate bancario con mejor o peor fortuna, el gobierno optó por las políticas de estímulo de la demanda a través de ayudas al automóvil, plan E… que estimuló la economía y que retrasó el crecimiento del paro. Ya he criticado como se ejecutaron esta medidas, pero está claro que tuvieron un impacto positivo, por encima incluso de lo previsto. Evidentemente eso genera déficit y deuda pública, lo que no es un problema cuando media Europa se ha lanzado a políticas de cuño neo-keynesiano. Pero de repente, llega la crisis de Deuda, que azota a Grecia y Portugal, y los ataques especulativos colocan a España en el ojo del huracán. ¿Qué hacer? Por una parte, si se retiran los estímulos económicos, es decir, si no se compensa la demanda privada con la pública, la salida de la crisis será mucho más tardía. Por la otra, si no se hace, los intereses de la deuda siguen subiendo, agrandando cada vez más el déficit y causando problemas de financiación al Estado, pero también a las casi tan endeudadas familias y empresas. La Unión Europea manda, y la decisión es retirar los estímulos y encoger la deuda. Amén, pero lo dicen tarde y obligan a un ajuste durísimo para alcanzar el 6% de déficit en 2012.

Y ahora nos ponemos (tardíos) con la reforma laboral. Y de nuevo el gobierno se ve abocado a la tragedia. La UE, los mercados (y el sentido común) obligan a la reforma. Pero el Gobierno se la había jugado a la negociación colectiva, algo muy complicado en tiempo de crisis. Los sindicatos no pueden ceder en el coste del despido y la patronal exige menos cotizaciones sociales. Imposible desenrocar la situación. Y el gobierno tiene que poner fecha y lanzarse a la piscina. Desde este momento, el acuerdo es aún más difícil. La CEOE sube el listón porque sabe que las reformas irán a su favor y los sindicatos amenazan con la Huelga General, algo estéril porque estamos intervenidos. ¿Qué hacer? Si dejas que la negociación continúe, la situación es muy difícil que se mueva y no habrá reforma laboral a tiempo. Si haces la reforma por decreto, entonces es cuando te comes la huelga general, lo que más miedo le da al gobierno. Al final se optará por lo último, pero resulta un poco frustrante que al final se tenga que hacer lo que se dijo hace tiempo y justamente, con el resultado de lo que más querías evitar.

Estas son las espadas de Damocles que penden sobre el gobierno. ¿Y sobre los españoles? Pues al menos otras dos. La primera es que al final se tienen que hacer ajustes duros, comiéndonos los de abajo las suelas de los zapatos, mientras que el gran capital internacional (las mismas agencias de calificación que rebajan el rating a España y que calificaron de seguras las subprime) se va de rositas ¿Qué hacer? Nada se puede, si no es de manera concertada a nivel global. Injusto, sin duda. Pero que alguien de la alternativa. Y hay otra situación también trágica. Nadie confía en que el Gobierno, como ha hecho hasta ahora, pueda sacarnos de la crisis. Pero lo cierto es que el Partido Popular no hace más que demagogia e irresponsabilidad, no tienen ni idea de cómo salir de esta y puede que lleguen al poder corruptos hasta los tuétanos. Si el Gobierno no cambia el rumbo lo que muchos españoles se encontrarán ante las urnas será la disyuntiva entre incompetencia y corrupción. Y nada sería más triste.

¿Refundar el capitalismo? (II): Lecciones europeas

Esta crisis financiera quizás sea la que marque el final de la Unión Europea como potencia global. La lentitud en la reacción por parte de las autoridades de la UEM ha revelado algunas de las deficiencias más claras que tiene el proyecto comunitario, a saber, que no existen instituciones eficaces de gobernanza. Como es conocido, la Unión Europea dista mucho de ser una mesiánica labor de federalización de Europa. Se trata, más bien, de una unión entre los débiles y muy venidos a menos países de la vieja Europa, un proyecto puesto en marcha para intentar mantener una cierta preeminencia política y, sobre todo, económica. Aunque con medio siglo a sus espaldas y avanzando a golpe de cesión de soberanía en momentos críticos, la “tragedia griega” nos puede dar muchas lecciones.

Cuando se hizo la Unión Económica y Monetaria (el Euro, vamos), se reconocieron sus indudables ventajas y suponían, de hecho, el reconocimiento de facto de la soberanía del marco alemán tras la crisis monetaria de principios de los 90. Ni más ni menos que una moneda común fuerte, un encarecimiento de los servicios y de la inflación (pasó a haber más masa monetaria), abaratamiento sin precedentes de los intercambios dentro de la UEM, pero también renuncia a la capacidad de devaluación. Junto con este paquete mixto, el Pacto de Estabilidad, que obliga a un mínimo de 3% de déficit. Sin embargo, esta área económica común se caracteriza sobre todo por la gran disparidad de sus integrantes. Diferentes aparatos productivos, diferentes políticas fiscales. Se haga lo que se haga (tipos de interés, por ejemplo) tiene un impacto asimétrico sobre la UEM. Era por lo tanto, esperable, que en algún momento uno de los miembros descarrilara. Tampoco sé si esto podría haberse hecho mejor…

Pero claro, cuando uno de los miembros oculta sus datos macroeconómicos de deuda y déficit, y lógicamente tiene problemas para financiarse, hay que tratarlo como a un hijo descarriado. Es decir, tírale de las orejas después de sacarlo del apuro. Pero la lentitud en sacarlo ha puesto de relieve como hace falta un verdadero Directorio Europeo que pueda tomar decisiones con rapidez, y que, por lo tanto, asuma soberanía en la UEM. Las instituciones europeas, que son oscuras y recargadas, tienen el problema añadido de que quienes parten la pana son los gobiernos nacionales, que se resisten a ceder sus prerrogativas. Pero estamos en un dilema del prisionero. Cuando hay que hacer regulaciones a nivel global para, por ejemplo, poner coto al desmedido poder que tienen las empresas de “Rating”, cualquier acción individual carece de sentido. Ahora el capital es libre de moverse, así se ha decidido que funcione el sistema. Pues bien, no tiene sentido que se regule desde el nivel nacional, sino que tiene que hacerse desde el supranacional. O quedas a la merced de los leones. O quedas como Grecia. O quedas como casi acaban Portugal y España.

Es más, la falta de regulación de los mercados internacionales hace que no se modifique ni un ápice los orígenes de este meollo, las causas de la crisis global, en suma, que no se sancionen aquellas prácticas desleales empleadas por gente que tiene mucho dinero para ganara muchísimo dinero. Por lo tanto, podemos aprender de la crisis y reaccionar rápido para poner coto a esta situación. La presidencia imperial de los EEUU ya ha empezado y, aunque con oposición de su contrapoder en el Congreso, ha empezado a sentar en el banquillo de los acusados a Goldman Sachs y muchos otros. En China, el coloso no ha necesitado más que usar sus métodos tradicionales de represión y corrupción para repartir un pastel creciente. Y mientras, en Europa, la comitología opaca y los delicados equilibrios de poder pueden hacernos perder una oportunidad de oro. ¿Se dará el paso adelante?

¿Refundar el capitalismo? (I): Y la casa sin barrer...

Llevo ya casi dos meses sin escribir nada sobre política. Eso no significa ni que haya perdido el interés ni que no esté siguiendo las noticias de allí y del mundo entero. Antes el contrario. He seguido con gran atención los principales sucesos de estos dos meses: la hecatombe griega y la lenta actuación de la Unión Europea, las elecciones en el Reino Unido y el viraje de la política económica de España, con los duros recortes de gasto público, pensiones y salarios, sazonado todo ello con la nube de un volcán islandés algo puñetero.

Hoy me pongo un momento con el recorte para compartir algunas reflexiones generales sobre el tema del recorte, que creo que es el más candente ahora. Dejo a Grecia y los mercados internacionales. Con la llegada de la tijera, uno no puede menos que hacerse algunas preguntas, sin entrar a valorar las medidas en sí. ¿Era de verdad inevitable? Es decir, ¿Era mentira que había una salida de izquierdas a la crisis porque al final había que hacer los ajustes para contener el déficit de todas formas? ¿Y si se ha fallado en la forma y no en el fondo? ¿Sería el tardío reconocimiento de la crisis el culpable de todo esto? Creo que hay evidencia de fallos tanto en el modelo como en la gestión, y creo que debería dar que pensar.

En primer lugar hay que asumir una verdad impepinable, el modelo de izquierdas Solbes basado en la redistribución no a través de los ingresos (ya que se hacen rebajas fiscales) sino del gasto (invirtiendo políticas públicas en los más desfavorecidos) no es viable sin incurrir en déficit brutal. Cuando se reducen las bases de cotización de los que soportan el sistema, que son las clases medias, por el paro, el Estado pierde una brutal capacidad de financiación. Por eso, con este modelo de “izquierdas” es inevitable tener que recortar el gasto público cuando hay crisis si no se quiere arrastrar un déficit de dos dígitos. A mi modo de ver el déficit no es negativo si implica endeudarse en una inversión productiva pero, aunque suene duro, el subsidio de paro es un estabilizador automático útil para mantener el nivel de consumo pero no genera riqueza per se ¿y si en vez de ampliar el subsidio de paro se hubiera reformado el INEM o fomentado las políticas activas de empleo? O el Plan E, que está muy bien en el corto plazo pero que nos termina llevando al punto de partida si las inversiones se hacen al tun tun ¿Y si se hubieran vinculado las inversiones a infraestructuras a energéticas o suelo industrial? Pero claro, cuando te endeudas con los mercados internacionales presionando para que te aprietes el cinturón y apenas tienes capacidad de financiación, mal asunto. Sólo se podría ser socialista en tiempo de bonanza. Por eso, sí, hay un fallo de modelo porque tenemos un Estado débil y que también queremos que sirva de locomotora para salir de la crisis, manteniendo de paso el precario pero sobredimensionado Estado de Bienestar. Así, o renunciamos al Estado como motor económico y social o hacemos una reforma fiscal en serio que nos homologue a otros países del entorno nada sospechosos, como Francia o Alemania (subiendo los tipos máximos de IRPF, gravando a las SICAV, por ejemplo).

Es verdad que los errores también se pagan. Hemos perdido dos años preciosos para poder hacer reformas estructurales de la economía con el gobierno paralizado por los agentes sociales, a la expectativa de que todo se resolviera solo. Este es el mayor pecado del Gobierno, que no ha tenido los arrestos para hacer reformas necesarias en el mercado laboral o las cajas de ahorro y que, al final, se terminarán haciendo, sólo que tarde y peor. Según me he informado, las peregrinas ideas del cheque bebé, de los 400 euros nos han hecho ganar unas 4 décimas del PIB. Ahora las retiran, porque claro, fueron una completa estupidez, pero es una prueba de hasta qué punto da bandazos la política económica del gobierno. Ahora se plantea recuperar el Impuesto de Patrimonio. ¡En qué hora se quitó! Sigue siendo incompatible pretender que el Estado tire de la economía en tiempos de crisis y que no tenga un duro en el bolsillo.

En cualquier caso, ya estamos intervenidos desde arriba y nos obligan a retirar los estímulos económicos. Tardaremos aún más en salir de la crisis porque todavía es pronto para empezar a reducir el déficit lo que nos hará pasar por un duro ajuste. En cualquier caso hay una cosa que es la que más me fastidia. Que, efectivamente, el Gobierno decidió desde el primer momento renunciar a cambiar la estructura económica de este país. Y sin esta, difícilmente sostendrá su concepción social. Como decía aquél, con picha grande… Menuda decepción.

Nota: Valoración del recorte social: Supresión de cheque bebé y de jubilación temprana, buena medida. Bajada de salario a los funcionarios, regular según como ataña a los que perciben menos de 1000 euros mensuales. Congelación de pensiones, no me gusta. Iretroactividad de la Ley de Dependencia, tramposa. La aplicación y desarrollo está en manos de las CCAA. PD; Parece que no hay apoyo en las Cortes para el decreto y hoy mismo el gobierno ha vuelto a rectificar con lo del endeudamiento de los ayuntamientos. Siempre se superan.

¿A quién corresponde el espacio público?

Hay un tema que me preocupa un poco, porque no se exactamente cual es mi opinión sobre el tema. Así que más que pontificar, como hago normalmente, me gustaría lanzar algunas ideas al aire. Toda la reflexión surge a raíz de los recientes abucheos a personalidades públicas (Rosa Díez o Jose María Aznar) y las manifestaciones espontáneas de la ciudadanía.

Primero voy a decir que respecto a los abucheos, ya se sabe perfectamente quienes están detrás de ellos. Ya denuncié en su día cuando se boicoteó la intervención de una diputada popular en la propia UPF. No son más que algunos estudiantes que se apropian del ámbito público retirando carteles que no les gustan o reventando charlas de gente que tenga ideas contrarias son los que van detrás. No creo que sea positivo, ni para la convivencia en la universidad (que entiendo que tiene que ser un espacio de libre intercambio de ideas) ni tampoco para los fines políticos de esos grupos (ya que alienta el victimismo de los perjudicados, que tan poco se preocupan por las libertades de otros). Sólo hay que ver lo poco que ha tardado Rosa Díez en denunciar el “totalitarismo” de los jóvenes catalanes y la “falta de libertad” en Cataluña, como en el “País Vasco”. Ya está pidiendo acciones legales y actuación policial.

Precisamente con eso se liga mi preocupación. Por ejemplo, si un día ves a un político que no te gusta, no creo que sea ningún problema abuchearlo (o aplaudirle). Oiga, es el espacio público, y puedo expresarme como quiera. Los que se rasgan las vestiduras con Aznar no se quejan cuando en el 12 de Octubre abuchean a Zapatero. Bueno, es el espacio público, y parece que es de todos ¿No? El otro día, en la manifestación de los Pro-vida, un grupo de mujeres a favor del aborto colgaron pancartas frente a ellos. Dejando de lado la reacción de los Pro-vida (que, al menos los que estaban allí, estaban por la vida pero no por la no-violencia): ¿Es ilícito hacerlo? Parece que hay dos argumentos enfrentados. Uno podría decir: “Mira, frente a la apropiación del espacio público por parte de algunos grupos hace falta una ciudadanía activa que no les deje. Y, por eso mismo, uno puede hacer aquellas actividades no violentas donde quiera y como quiera”. Pero otro podría argumentar: “Como la manifestación es un derecho individual, lo apropiado es respetar ese derecho. No es ni justo ni inteligente el intervenir: generarás follón y conculcas el derecho a expresarse de los demás”. Parece que entre estos dos polos hay una tensión imposible de resolver.

Está claro que en el caso del político que va a la universidad, por ejemplo, es poco grave. El sujeto saca tajada política (incluso saca un dedito) y dispone de unos medios de comunicación que dan continuado altavoz a su discurso. Sus ideas andan lejos de estar en peligro (siempre, por descontado, con el respeto a la vida). Pero muchos otros ni siquiera tienen un espacio para sus ideas en el ágora pública. ¿No pueden expresarse fuera de los canales institucionales? No se. Insisto, no tengo una posición clara sobre el tema. No simpatizo con reventar conferencias, y menos con quienes lo hacen, pero, por ejemplo: ¿Ante una manifestación de ultra-derecha, debemos quedarnos impasibles? ¿No corresponde al ciudadano coger el testigo ante un estado que tiene el deber de garantizar que todas las ideas se puedan expresar?

La reforma del mercado laboral

Tras el asunto aquel del contrato que propone la CEOE sin indemnización por despido para los jóvenes (ya, teóricamente, retirado) y discutiendo con Luis Ortiz (sociólogo del departamento) vía Facebook de en que iba a quedar el mercado laboral español tras toda esta crisis. Y ciertamente el panorama es bastante desolador, aunque Luis dio bastante en el clavo con su diagnóstico.

Primero, el estado de la cuestión. El mercado laboral español es un mercado que denominamos dual. Por un lado hay un grupo de trabajadores con pleno reconocimiento de derechos laborales, contratación fija, con fuertes costes de despido generalmente concentrados en empresas públicas, semi-públicas o multinacionales. Por el otro hay un colectivo de trabajadores en condiciones precarias con una baja remuneración, con empleos temporales o de obra y servicio, sin apenas derechos y sin coste efectivo de despido (basta con no renovar el contrato), que se encuentran en todos los sectores y subcontratas imaginables. Los primeros coinciden normalmente con la generación del baby- boom (años 60) mientras que los segundos son mayoritariamente jóvenes de menos de 30 años, mujeres o inmigrantes. Los primeros tienen estudios de FP o ni siquiera. Entre los segundos hay miles de licenciados universitarios. Por supuesto, la crisis ha golpeado más duramente a los más desprotegidos. No es lo mismo no renovar un contrato que tener que hacer un ERE. Tasas de desempleo del 42% entre los menores de 28 nos da una idea aproximada de lo que digo.

Segundo, los actores que juegan. Es evidente que la patronal española, que siempre busca competir en bajo coste de la mano de obra, presiona para abaratar el despido y reducir sus cotizaciones. Hasta aquí nada nuevo. Pero el papel más pernicioso a mi juicio lo realizan aquellos que, en teoría, hablan por los trabajadores: los sindicatos. Como estos actores dependen en las elecciones sindicales del voto de los trabajadores de las empresas grandes y por ello, los intereses que mayoritariamente defiende es el de los trabajadores protegidos. Es decir, defiende los intereses de los insiders del sistema. ¿En cuantas empresas pequeñas hay sindicalistas? ¿Cuántos trabajadores en contratos de 6 meses se afilian? ¿Cuántos delegados sindicales inmigrantes hay? Más allá de lo que pueda hacer un delegado sindical en particular, los incentivos están claros a favor de un tipo de trabajador. El gobierno, por su parte, ha decidido que no quiere enfrentarse a los sindicatos de ninguna de las maneras y remolonea con hacer una reforma laboral. La culpa es del modelo productivo, dice, como si la legislación laboral no tuviera nada que ver en las tasas de paro. Grave error.

La solución que valoro consiste en lo que ya he argumentado otras veces: algún tipo de contrato único con un coste de despido menor, que permita incluir a más personas como fijas rebajando la protección de las que ya lo son. Sin embargo, es un dilema del prisionero. Los resultados globales son sub-optimos porque ningún actor quiere colaborar. El gobierno no quiere tocar el tema, porque valora en exceso la “paz social”. Los sindicatos no quieren rebajar la protección de los que ya están fijos, pero siguen apostando por la prejubilación sin saber como reducir la precariedad. Y la CEOE presiona para que, ya que no se puede empeorar a los que están mejor, al menos se precarice más a los más desprotegidos. Resultado: Paro y precariedad para los mismos. Aunque, también hay otro escenario posible. Una abultada mayoría del PP en 2012 y una evolución a la baja en la indemnización para protegidos y desprotegidos. Y a ellos no les va a temblar el pulso.

Si fuera Vicepresidente Económico...

Hablemos un poco más de economía. Hoy acabamos de conocer el último dato del paro, que ha vuelto a subir en unas 82.000 personas. Evidentemente, se trata del paro registrado, ya que el real está en torno a los 5 millones (si sumamos el paro estacional y el coyuntural). Y es seguro que volverá a subir, por más que suba menos. La razón es que las medidas de estímulo a la compra del automóvil han caducado, con lo que esa industria se resentirá y el incremento del IVA detraerá moderadamente el consumo (a partir del segundo trimestre, cuando entra en vigor).

El gobierno Zapatero de esta legislatura ha cometido una serie de errores muy dignos de mención, pero me quedaré sólo con el que hace referencia a la economía, de los que citaría tres como los principales: la lentitud, la descoordinación y la improvisación. Sobre la lentitud, lo que se ha tardado en reconocer la crisis (inevitable, por otra parte, habida cuenta de los débiles pilares sobre los que se asentaba nuestra economía) ha hecho que reformas de las que se habla hoy se hayan demorado un año como poco. Por ejemplo, la reforma de mercado de trabajo o la reestructuración del sector bancario, de las que hoy se habla con normalidad y se asumen con urgencia, eran hace poco una especie de tabú. (“No abarataré el despido” o “Nuestro sector financiero es el más sólido de Europa”, consignas tan dudosas como habituales). Segundo error, la descoordinación. Especialmente grave cuando las percepciones son tan importantes. Ahora subiré la edad de jubilación, pero luego va al Pacto de Toledo, ahora digo que congelo sueldos a funcionarios, ahora no, luego amplio la base de cotización en un informe a la UE, luego digo que era broma. Hombre, un poco de seriedad. Y por último, la improvisación, más ligado a las percepciones que a probablemente, la realidad. Cuando no se plantea un plan de reforma estructurado, cuando las propuestas se hacen a salto de mata y se cambian las políticas de la noche a la mañana (hasta ayer gasto público a espuertas y ahora contención del deficit, ¿Alguien me lo explica?) al final uno acaba pensando que no tienen ni idea de cómo salir de esta.

Pero criticar es siempre muy fácil, por eso yo también quiero aprovechar para mojarme y detallar que medidas económicas ejecutaría poniendo en valor algunas que ya se aplican. Primera, mantener el gasto social es un punto muy positivo, por dos razones; 1) es más equitativo y 2) es más eficiente (si los desempleados cobran, no sólo no caen en la pobreza, también compran más y estimulan la economía). Pero con un paracaídas sólo se cae más lento, pero no remontamos el vuelo. Segundo, estoy a favor de políticas de estímulo de la demanda. Es decir, como los privados no compran y producen, sustituirlos temporalmente con gasto público (ya he criticado anteriormente lo inútil de las bajadas de impuestos). Sin embargo, aunque el gobierno ha hecho esto, hay luces y sombras. Lo crucial debe ser que el gasto se realice en inversiones productivas. Por eso, no estoy a favor ni: a) del recorte en el presupuesto de I+D (que debía mantenerse, por haber sido una gran aportación de este gobierno en el pasado), b) el Plan E debería haberse gestionado para que la inversión sea productiva (suelo y parques industrial, infraestructuras físicas y energéticas…) y no simplemente destinado a emplear albañiles en levantar y tapar aceras. c) No estoy a favor de incrementar las aportaciones a los parados sin reformar antes el funcionamiento del INEM o que todo vaya a políticas activas de empleo (políticas de reciclaje). Tercer elemento, el control del déficit. Es evidente que este se genera ante la caída de la recaudación y el sostenimiento de gasto, pero discrepo de la reforma fiscal realizada. Yo hubiera; a) reducción del gasto corriente inmediata, congelar sueldos de altos cargos y de funcionarios por encima de determinado tramo de ingresos e incluso reducir algún ministerio (por cuestión más estética que real). b) Incremento muy menor del IVA pero reformar a fondo el IRPF, elevando los tramos e incrementando al menos en un punto y medio (fijaros si soy tibio) la tributación a las SICAV, combinada con desgravaciones a PYMES. Al fin y al cabo, esas rentas altas no generan empleo pero las pequeñas empresas si. c) Seguir las recomendaciones de las asociaciones de Inspectores de Hacienda y articular un plan de lucha contra el fraude fiscal serio.

Cuarto, las reformas. Sobre la jubilación ya he hablado en otras ocasiones, pero empecemos por prohibir las prejubilaciones (especialmente en los sectores poco intensivos en mano de obra, le pique a quien le pique). Para salir de la crisis entiendo que no es una prioridad, aunque sea importante su sostenibilidad a futuro, así como el de las cuentas públicas. Sin embargo, más urgente son dos reformas. Por una parte, la readaptación del sector financiero español, que tiene más problemas de lo que parece (micro-cajas inviables, tasa de morosidad…) y la más importante, la del mercado de trabajo. Aunque digan que nuestro modelo productivo es el culpable de la temporalidad, eso es algo difícil de creer si no miramos a la regulación actual (¿Cómo es que Portugal o Italia tienen menos paro aunque su sistema productivo es parecido al nuestro?). Las reformas deberían ir dirigidas a reducir el coste de contratación de los trabajadores para reducir la temporalidad, evitando la dualidad del mercado de trabajo. Luego ya si un tipo de contrato único o no, es más discutible, pero desde luego no podemos dejar a una masa de trabajadores precarios a merced de la coyuntura económica, sin protección de nadie (porque, a efectos prácticos, su coste de despido es 0 ¡No les renuevan el contrato!). Y de paso, pensando en la vivienda, no sólo quitaría la desgravación (que ya se ha suprimido) sino que obligaría a que toda la vivienda protegida fuera de alquiler y arrendada directamente por el Estado.

Es evidente que no hay varitas mágicas y que cada decisión tiene costes y ventajas. Pero desde luego no podemos seguir como hasta ahora, por más que nos saquemos de la chistera el Pacto (que acabará en acuerdos puntuales, como debe ser). Tenemos que ponernos las pilas, y limpiar la casa siempre caerá mal a no pocos y abonará el terreno para la demagogia. Porque si uno pierde las elecciones pero al menos ha hecho lo que debía para garantizar la recuperación del país, puede retirarse tranquilo. El problema es que, de momento, el gobierno no sólo no ha sentado las bases de la recuperación, es que hasta perdería las elecciones. Y la alternativa puede ser mucho peor…

¿Cintas rojas por votos?

(Publicado en la Tribuna de "La Rioja" el 21 de febrero de 2010.)

Ahora que estamos a alrededor de un año y medio de las elecciones municipales y autonómicas, se prepara en toda España un aluvión de inauguraciones. Un ejemplo paradigmático es Arnedo, donde se inaugurará en un mes la plaza de toros multiusos 'Arnedo Arena' en un gran festival de loas al actual equipo de gobierno del Partido Popular. Esto va sumado a la corrida de toros de José Tomás poco después y a las múltiples obras que harán que para los próximos comicios Arnedo parezca un campo de batalla (piscinas, Plaza España, Paseo de la Constitución, etc.).

Este tipo de inauguraciones no son diferentes a las que se practican en todos los municipios de España, donde se confía en atraer votantes a través de la provisión de bienes públicos. Las obras, además, tienen como atractivo que son tangibles frente a las políticas de demanda, que se ligan con rebajas fiscales y cheques. Valórese que todo constante, un polideportivo municipal al lado de casa tiene más impacto electoral que la promesa de una rebaja de las tasas municipales. Sin embargo, tan importante es la provisión de los bienes como el tiempo en el se provee. Se espera que, cuanta mayor cercanía tenga con la elección, más probable sea el efecto esperado. Es, por tanto, un comportamiento estratégico lógico de los equipos municipales (de cualquier color) concentrar todas las inauguraciones en la segunda mitad de la legislatura. Arnedo no es, pues, ninguna excepción. Aunque sí es significativa por su importancia electoral.

La abrumadora victoria del PP en Arnedo las pasadas elecciones tiene mucho que ver con una triple dinámica, precisamente ligada con este elemento. El PP ganó porque: 1) realizó obras públicas de manera masiva que lo hizo permeable a todo tipo de electores, 2) venía de un gobierno en coalición con el PR y este socio minoritario les sirvió de pararrayos de la oposición, absorbiendo todo el desgaste y 3) el mensaje de que lo mejor para Arnedo es que haya el mismo gobierno a nivel municipal y autonómico caló, dada la interesada sequía de financiación autonómica durante el mandato del anterior alcalde socialista. Esta estrategia fue muy exitosa, y prueba es la mayoría absoluta a nivel municipal y su aumento en el autonómico. Y eso que Arnedo se ha considerado siempre como de izquierdas (es el único municipio en La Rioja donde gana siempre el PSOE, salvo en las municipales). El Partido Popular sabe, por lo tanto, que no puede confiar (sólo) en el voto ideológico tradicional o la afinidad con el candidato, como en otros municipios. La victoria se la juega en 'vender' obras que capturen un electorado lo más transversal posible.

Por lo tanto, y dada la especial configuración del escenario (poderosa base del PSOE pero gobierno del PP) las obras tienen aquí una trascendencia capital. ¿Será suficiente? Mi intuición es que no está claro. El Partido Popular ha cometido algunos errores: la subida de las tasas municipales, la salida de su concejal de Hacienda, que le pasarán factura. Gobernar en solitario no permite escudar la responsabilidad política detrás de otros partidos. Además, algunas obras provienen del Plan E (pagadas por el Estado) y no son responsabilidad del Ayuntamiento. Esto hace que ni mucho menos Arnedo sea un escenario con un claro ganador. ¿Lo tienen claro los partidos? Los ciudadanos cada vez más. Próximo capítulo, en el 2011.

Jueces estrella

Como sabréis, la potencial inahibilitación del Juez Garzón continúa adelante. El argumento jurídico que hay detrás es la potencial prevaricación del juez al declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo. Denostado por la izquierda cuando investigaba la guerra sucia contra ETA, y ahora por la derecha, este polémico Juez-estrella es el pim-pam-pum de la democracia de los últimos 20 años. Y aunque se editorializa mucho a favor y en contra del propio Garzón, parece que nadie analiza las corrientes de fondo, más allá de mi ignorancia manifiesta en cuestiones jurídicas.

El primer gran problema es la aberración constitucional que supone la existencia de la Audiencia Nacional. Heredera del Tribunal de Orden Público del franquismo, se trata de una instancia de enormes poderes en casos de tráfico de drogas, terrorismo o corrupción. Por lo tanto, una concentración mayúscula de atribuciones. La lógica que subyacía detrás de su creación era la de sacar de los tribunales del País Vasco los casos de terrorismo y en ese sentido, ha cumplido sus atribuciones. Sin embargo, no es menos cierto que su jurisdicción universal (hace poco revisada) hacía que lo mismo se considerara competente para juzgar a Pinochet, que a Franco o al ejército israelí. Crímenes de “lesa humanidad” que ha considerado caen sobre sus atribuciones y que ha generado no pocos quebraderos de cabeza políticos. Pero hay un resultado todavía peor, la creación de toda una plétora de jueces estrella.

Y me refiero a los Cea Bermúdez (ej, 11-M), Grande-Marlaska (ej, Caso de Juana) o el propio Garzón. Unos jueces que se han convertido en actores políticos de calado más allá de su ejercicio, a mi juicio imparcial, del código de justicia. Unos jueces bonapartistas que disponen de una concentración enorme de información y poder que hace que sean una pieza más en el tablero de la política. Por lo tanto, figuras visibles objetivo de presión política y mediática en función de intereses diversos. Ellos controlan algo tan importante como los tiempos y la iniciativa judicial. ¿Cuándo destapo el sumario del caso Gürtel? ¿Conviene sacar el tema de las fosas sobre la Memoria Histórica? ¿Acepto como testigos a etarras en el caso del 11-M? ¿Fuerzo la alimentación de un etarra en medio de una tregua? Sin lugar a dudas, un poder inmenso.

No se entienda mi crítica como una descalificación a la judicatura, que evidentemente influye en la política con sus decisiones. Eso es lo normal en un estado de derecho. Lo que ya no es tanto es el desmesurado poder que se acumula en manos de los “jueces-estrella” que dejan de influir indirectamente para convertirse en el propio sujeto político. Al margen de la propia jerarquía judicial ordinarial. Lo que es, sin duda, una anomalía que parece que nadie se cuestiona. Así que la reflexión, quizás, no debería ser tanto sobre la inahibilitación de Garzón como a si sería higiénico para la democracia el darle un cerrojazo a la Audiencia Nacional.

Avispero mortal

A raíz del último ataque de los talibanes contra las tropas españolas destacadas en Afganistán (con muertos, desgraciadamente), ha vuelto a salir a la luz el debate sobre la conveniencia de participar en el conflicto. El argumentario de los partidos españoles es previsible. IU es pacifista, y por tanto está en contra de cualquier operación exterior. Mientras, el PP está a favor, pero pide que se le llame guerra para igualarla con la de Irak (incorregibles). Veamos los antecedentes.

Tras el 11 de septiembre de 2000 y el ataque de un enemigo invisible, el infame Bush se lanzó al ataque de Afganistán, derrocando con relativa facilidad al régimen talibán. Aquel estado, manejado con puño de hierro por el Mulá Omar, era acusado (justamente, creo) de albergar terroristas radicales, con el concurso de su aliado paquistaní. Ignoro si alguien esperaba que el mundo fuese más seguro tras la caída de los talibanes, habida cuenta de que se atacaba a los que cobijaban pero no a los que financiaban e inspiraban(Como es Arabia Saudí) al integrismo radical. Con el concurso de la OTAN, las potencias Occidentales y la carta de naturaleza posterior de la ONU, los talibanes cayeron. El apoyo a la Alianza del Norte (que tan inoportunamente perdió a su líder militar, Massoud “El Leon de Panjshir”) hacía preveer que los EEUU lograrían triunfar allí donde los británicos y los soviéticos rusos habían fracasado. Nada más lejos de la realidad. Se desplegaron tropas occidentales para controlar la zona, pero la autoridad se atomizó. Los señores de la guerra tomaron el control de sus feudos mientras que cada vez menos tropas (e interés incluso) estaban disponibles una vez abierto en 2003 el frente de Irak.

Se instauró un gobierno títere de Karzai que ha demostrado ser muy dúctil a los intereses de sus patrocinadores, pero que no ha querido atajar la corrupción que impregna toda su administración. Un gobierno, por cierto, cuya autoridad no llega más allá del horizonte visto desde un minarete de Kabul. Las últimas elecciones fueron un claro pucherazo (aunque probablemente, otra cosa no era posible) y no han incrementado la legitimidad de una autoridad inoperante. Y mientras, lo cierto es que la guerra se está perdiendo. La virulencia de los ataques de talibanes se ha multiplicado pese a las tropas de refuerzo que han enviado en fecha reciente cada vez más países. Y eso se suma a la estrategia pactista que ahora trata de aplicar los EEUU, mediante sobornos y concesiones a los talibanes moderados (si es que hay tal cosa) para integrarlos en el sistema. Algún día las tropas occidentales tendrán que salir del país, y es posible que si todo sigue igual, pase algo similar a la guerra de Vietnam o Camboya. Tras la guerra, los gobiernos títeres se desploman, volviendo quienes estaban antes (o peores) con más fuerza si cabe.

Está claro que la guerra de Afganistan no es la salida para combatir el integrismo islámico. De hecho, es una guerra que no se puede ganar. Para eso habría que haber empezado por atornillar las tuercas a los sauditas, trabar alianzas y potenciar a los demócratas moderados de los países árabes, recurrir a la contra-inteligencia y el espionaje. Pero el mal ya está hecho y España se ve arrastrada, como media Europa, a una guerra que no es la suya ni conviene al fin último con la que se pensó. ¿Tiene salida este callejón? Que alguien me lo diga, porque yo no la veo…

Polémicas lingüísticas

Hace poco ha saltado a la palestra una polémica sobre una niña que ha sido suspendida en un examen por contestar en castellano. A raíz del asunto, el Partido Popular, la Asociación para la Libre Elección de Lengua y los medios de la órbita han dado publicidad al caso a través de una carta remitida al Ministerio de Educación. En la misiva la apenada niña ha escrito con una preciosa caligrafía digna de un cuadernillo de Lamela una petición al ministro para “que le devuelvan el sobresaliente que le han robado”, constatando el asombro de sus compañeros franceses por no poder escribir “en español en España” y pidiendo un pacto educativo (curiosa reivindicación de una niña tan pequeña) para que “todos los niños tengan la misma educación en España”.

La verdad es que ha trascendido información dispar sobre el asunto, pero empezaré yendo de lo particular a lo general. Primero y extraño, no se especifica en que asignatura le han puesto el suspenso. Asumo que la asignatura no era valenciano, porque sino sería el asunto sería de traca. Del mismo modo, noto excesiva seguridad en sí misma de la niña sobre su calificación, así que recomiendo a los verdaderos redactores (que son sus padres) que en futuras cartas sería más bonito rebajar el tono de arrogancia. Digamos mejor aprobado que sobresaliente. Igualmente, recomendaría a los padres a que se dirigieran al órgano competente: la Consellería de Educación del gobierno valenciano. Por si no lo saben, es ésta quien tiene las competencias de educación, de modo que si no están contentos con el asunto, supongo que el conseller del ramo ya habrá recibido más cartas que Papa Noel en Navidad. Sobre todo porque ha sido el propio gobierno valenciano quien ha habilitado un sistema con diferentes vías (libremente elegidas) en función de las asignaturas que quiere recibir en valenciano. ¿Y le mandan una carta al pobre Gabilondo?

Hablemos un poco más en general de la política lingüística en la escolarización. De manera general, hay dos opiniones confrontadas sobre el tema. Una es la de que sean los padres lo que elijan de manera voluntaria cual es la lengua en la que quieren que sus hijos reciban clase. La otra es que los infantes reciban la mayoría de clases en la lengua minoritaria para procurar que sean competentes en ambas (la razón de dar más peso a la menor es por el predominio social del castellano). Hay una razón crucial avalada por la experiencia por la que prefiero la última a la primera y se vincula con la discriminación. Si los padres pueden elegir la lengua de sus hijos, lo lógico es que aquellos que son de fuera del territorio elijan por sistema el castellano, mientras que los autóctonos tiendan a hacer por la propia del lugar (así pasaría en Cataluña, al menos, con la inmigración de otras comunidades que se instaló allí). Esto generaría que hubiera dos perfiles, los propios del lugar, generalmente en una posición económica mejor, con una lengua propia (además de ser competentes en el castellano) mientras que los otros, los de otras comunidades, generalmente con una posición económica peor de partida, sólo competentes en castellano. Así, nos encontraríamos con una potencial fuente de discriminación: la lengua como filtro para camuflar posibles prejuicios.

Quizás el ejemplo más paradigmático sobre los efectos adversos que tiene permitir la división lingüística en una sociedad es Bélgica. Hasta los años 70, las lenguas oficiales eran el flamenco y el francés de manera paritaria. Sin embargo, desde ese momento el país se fracturó en función de las lenguas. Y esto no sólo ocurrió al nivel educativo o cultural, sino que hasta los partidos se dividieron en función de si operaban en el área flamenca o valona. Esta división se solapó a las diferencias entre flamencos (más ricos y protestantes) y los valones (algo más pobres y católicos), dando pié a que el país que está en el corazón de Europa esté al borde de la desaparición por sus tensiones nacionales.

La caverna, que tiene de todo menos perspectiva, no es consciente del coste social que implica hacer que los ciudadanos de un territorio no sean competentes en las lenguas oficiales del lugar. La constitución y el propio TC han avalado el modelo lingüístico de inmersión, por más ataques que se le hace desde la caverna. Pero es que además de ajustarse a la legalidad, es la decisión que entiendo más inteligente para no discriminar entre los autóctonos con pedigree y los forasteros, evitando fracturas sociales. Así que, mi querida niña, te recomiendo que cambies los términos de tu carta en:

“Querido Conseller:
He tenido un examen y me han suspendido por usar el castellano. Mis padres eligieron que me escolarizara con esta asignatura en valenciano, pero no he podido aprobar porque no conozco la lengua. ¿Por qué voy a ser menos que mis compañeros de clase? Me gustaría que pusieras todos los medios para que pueda leer, escribir y hablar perfectamente el valenciano y el castellano ya que me asiste ese derecho en la Constitución y la ley.”

¡Ah! ¡Por cierto! Yo hice todos los exámenes de la carrera en castellano y, por lo visto y a diferencia de lo que dicen muchos tertulianos de la caverna, me dejaron ir al baño a hacer pis, no me suspendieron los exámenes, no me pegaron mis compañeros y no vino Carod Rovira a ponerme una multa. Curiosamente, terminé con un expediente brillante. ¡Cosas que pasan!

¿Se colapsan las pensiones?

Declaraciones recientes de Rodrigo Rato han tenido una cierta resonancia en los medios de comunicación. Éstas hacían referencia a la sostenibilidad del sistema de pensiones las cuales, según el criterio del ex-ministro de Economía, quedarán tocadas en 15 años, cuando la Seguridad Social entre en números rojos. Este es un asunto que sale de manera periódica por la lógica preocupación que suscita. Sobre este tema quizás tenga más claro lo que no hay que hacer que la cuadratura del circulo de su solución. Y vaya por delante que no soy experto en el tema.

En primer lugar, si vamos a tener problemas de financiación de la Seguridad Social hay dos cosas que no pueden hacerse: ni aumentarse sus costes (más allá del envejecimiento demográfico) ni reducirse sus ingresos. Por eso lo primero es hacer un crítica furibunda al chollo de las prejubilaciones y a las rebajas en la cotización a la seguridad social. Las prejubilaciones, práctica tan habitual durante los 80, no han hecho mas que sobrecargar el sistema público de pensiones. De esta manera, el Estado (es decir, todos) se ha hecho cargo del coste de despido de muchos trabajadores de los sectores en reestructuración, con la complicidad de empresarios y sindicatos. Y de hecho, de nuevo algunos (sindicatos hasta lo que se) piden la misma solución para muchos de los problemas que hay en la industria del automovil. Está claro que ese no es el camino. Pero tampoco se puede tolerar una merma en la recaudación de la SS. Por eso mismo, la receta que propone la CEOE y el Partido Popular para salir de la crisis, que es una reducción en las cotizaciones a la seguridad social de las empresas, bajo ningún concepto puede aceptarse por su impacto negativo en las pensiones. Es poco probable que esta rebaja genere suficientes puestos de trabajo como para compensar la pérdida de recaudación.

Porque si el sistema de pensiones tiene un problema es el de la jubilación de toda la generación del Baby Boom de los años sesenta, cuando tendremos que sostener las pensiones de más jubilados que trabajadores cotizantes (con las proyecciones actuales de evolución demográfica en la mano). Sin embargo hay algunos elementos que merece la pena considerar. Primero, y contra el alarmismo, que si el sistema de pensiones se hubiera desmoronado tantas veces como se ha pronosticado tendríamos a la mitad de los ancianos del país tirados en las cunetas de la carretera. Segundo, que no hay mejor remedio contra este mal que la inclusión de mayor número de trabajadores cotizando. Por esto mismo, el empleo y la inmigración han tenido un impacto positivo en el superavit de la seguridad social de los últimos años, ampliando la base de cotizantes. Y tercero, que no sólo importa el número de cotizantes, sino también su productividad. Es decir, que cuanto más riqueza se deriva del rendimiento del trabajador, más recauda la seguridad social. Por lo tanto, cualquier medida que aumente la base de la recaudación (sea la inmigración legal, sea con políticas de fomento de nuestra tasa de natalidado empleo) o de nuestro rendimiento en el trabajo (vía productividad) serán positivas.

Algunos especialistas proponen un retraso de la edad de jubilación o su conversión en voluntaria para determinados trabajos. Aunque el primer caso parece la solución que la mayoría de la sociedad asume como inevitable, no por ello será menos traumática. Es evidente que la segunda opción es razonable y terminará por introducirse a no mucho tardar. Aunque hay otra opción posible, aunque aterradora para los ortodoxos en contra de la deuda pública y el intervencionismo estatal. Que los propios presupuestos del estado financien las pensiones de manera complementaria, quizás, subiendo o creando impuestos para no descuadrar las finanzas públicas.

No cabe duda de que habrá que tomar cartas en el asunto, y problablemente combinando diferentes alternativas de las anteriores y otras. Y aunque el pesimismo nos ha llevado a asumir lo inevitable del recorte de las pensiones, también podemos plantearnoslo de otra manera. A saber: ¿Cuánto y qué estamos dispuestos a sacrificar por mantener nuestro Estado de Bienestar?

Vic; capital de la vergüenza

La resolución del Alcalde de Vic de dejar a los inmigrantes ilegales sin el derecho a empadronarse no pasó desapercibida. Para los que no hayan seguido el asunto, a efectos prácticos esto se traduce en que los inmigrantes ilegales no tendrán derecho en Vic a la asistencia sanitaria. Aunque la medida ha sido criticada por varios ministros y por varios movimientos anti-racismo y de izquierdas, en Cataluña la respuesta ha sido bastante más tibia (con la saludable excepción de ICV). Veamos de donde vienen los polvos que traen estos lodos.

Primero, hay que pensar que Vic es el municipio donde “Plataforma per Catalunya”, la organización de extrema derecha xenófoba de Josep Anglada obtiene mejores resultados electorales. Por lo tanto, hay un caldo de cultivo interesante para sacar réditos de cualquier acción contraria a la inmigración. Como representaba Manel Font en una viñeta; se abre el melón de la xenofobia. Pero no sólo hay que pensar a nivel micro, sino en el marco general del discurso. En pasadas contiendas electorales, sean las catalanas o las españolas, tanto el Partido Popular como Convergencia i Unió plantearon sendas iniciativas “a la francesa” de contratos de integración. Incluso muchos se jactaban del impulso que cobró la campaña de Mariano Rajoy tras presentar dicha propuesta. Estos contratos se convertirían en esa especie de filtro de poderes taumatúrgicos que convertiría al desharrapado inmigrante en un “buen español/ catalán”. Sólo había que ver el cartel electoral de Duran i Lleida en el que ponía aquello de “La gente se va de su país no por ganas sino por hambre. Pero en Cataluña no cabe todo el mundo.” Por lo tanto, la concurrencia de este coqueteo con la xenofobia con una situación económica complicada (pero no conflictiva) se ha materializado en esta deleznable iniciativa.

Desagregaré los tres principales argumentos que justifican la acción concreta, ahora que aún tengo fresco el (no) debate que se mantuvo en Intereconomía sobre el tema y cuales son las falacias y los prejuicios que se esconden detrás.

1. Es una medida legal, por lo tanto no hay problema (¡Mario Conde dixit!). Es la típica confusión entre lo legal y lo justo/ legítimo. Si todas las medidas que son legales fueran justas estaríamos convirtiendo en letra muerta la política. Algo, por cierto, propio de los que adoran a la Constitución como su único Dios. Evidentemente, en la línea de Josep Ramoneda, considero que esta medida es inmoral y despreciable, por más que sea legal.

2. No es justo para los demás inmigrantes, en situación regular, que se puedan empadronar los irregulares. Alguien tendrá que explicarles que regularidad y empadronamiento son dos conceptos diferentes en nuestro derecho y que da pie a diferentes tratos jurídicos. Si la cuestión es tratar igual a los que están en la misma situación ¿Alguien se cree que un inmigrante irregular (empadronado o no) tiene los mismos derechos que uno regular? Este último puede (aunque a veces condicionado al tiempo de estancia en España) acceder a todas las prestaciones sociales.

3. No es justo para los contribuyentes que costeemos la Sanidad a inmigrantes ilegales, que no cotizan. Este es el típico argumento que camufla el cinismo. Sobre Sanidad habría que mantener un debate propio, quizás en otra ocasión. Pero no deja de resultar curioso que esta situación se plantea sobre los mismos inmigrantes que trabajan en economía sumergida pero no así de los europeos del norte que vienen a España a disfrutar de la gratuidad de nuestro sistema. ¿Interés por la sostenibilidad del sistema público o xenofobia?

Está claro que tarde o temprano tendríamos que pararnos a pensar en nuestra comunidad, pero no puede ser de esta manera, restringiendo los escasos derechos que tienen unas comunidades que están abandonadas a su suerte. Empezando por atacar siempre al más débil. ¿Debemos dejar en manos de la extrema derecha cuestiones tan importantes como los derechos sociales y de ciudadanía? Yo creo que no.

Haidar es libre

Finalmente parece que la crisis de Aminatu Haidar ha tenido una solución tras unas semanas de tensión en las que el problema surgió de la nada. La activista saharaui ya se encuentra en Al Aiuin. Ya se que siempre le llueven palos al gobierno por todo, pero esta vez hay que reconocer que ha logrado desactivar una mina importante. Aún así, pondré en valor algunas cuestiones que me ha suscitado este proceso.

Los gobiernos deben actuar defendiendo los intereses de Estado. En este sentido, las relaciones entre España y Marruecos son un activo importante por razones económicas y políticas. De ahí que el gobierno haya hecho bien en intentar preservarlas. En cualquier caso, es evidente que la cuestión del Sahara Occidental es un asunto irresuelto hasta que se aborde acorde con los compromisos del Plan Baker. Periódicamente estallarán problemas en torno a esta cuestión hasta que no se cambie la contemporización por una solución explícita. Zapatero ha actuado con prudencia (dejando trabajar a Moratinos), y no se ha enrolado a la causa saharaui sin condiciones. La izquierda así lo esperaba, por solidaridad frente a la dictadura de Marruecos y la derecha de la caverna, por su odio visceral anti-marroquí (¡Perejil español!). Había incluso quien criticaba al gobierno por haber dejado entrar a la activista.

La diplomacia tiene sus tempos, y sus equilibrios evidentemente opacos. Por eso hay que congratularse de que todo se haya hecho bien, con discreción (se rumorea que su ingreso en el hospital fue para facilitar su traslado). Me han sorprendido dos consignas de grupos políticos y costra tertuliana. La primera es la intervención del Rey, que debería mediar para persuadir al rey de Marruecos de que dejara volver a la activista. Sobre este punto decir que es evidente que Juan Carlos ha llamado a Mohammed VI, y que la diplomacia de la Casa Real se ha empleado para resolver el conflicto. Sin embargo, al ser el Jefe del Estado, no se le podía exigir una implicación directa. Primero porque es irresponsable y podría ser objeto de crítica política si fracasaba (para eso ya tenemos al gobierno) y segundo, porque se sabía que su intervención, probablemente, no culminaría en éxito en aquel momento.

Un segundo elemento que ha sido repetido en varias ocasiones es la de recurrir a la UE y los EEUU para que nos saquen las castañas del fuego. Aunque es cierto que hubo cierta escalada verbal de algunos ministros marroquíes, no subir la tensión fue la estrategia acertada. No me cabe duda de que la cancillería francesa y norteamericana habrán influido de manera importante en la decisión de Marruecos de permitir la vuelta de Haidar. Pero lo que no podemos hacer es cada vez que tengamos un problema trasladar la responsabilidad al Imperio o a los foros multilaterales. Después de todo, si España es un estado, debe ser competente para desenvolverse en el “Estado de Naturaleza” del orden internacional. Aunque es posible que una política internacional consolidada sea una asignatura pendiente, como ya he comentado en muchas ocasiones.

En cualquier caso ha habido una solución inmediata para Haidar, con lo que algo hemos ganado. Pero mientras que España no aborde el tema del Sahara Occidental con coherencia, seguirá siendo una corriente submarina que levantara marejadas en nuestras relaciones con el reino alauí.

Las consultas; ¿Tendrán en Cataluña las respuestas acertadas?

Igual que ayer me planteaba la duda de que en el resto de España estemos planteando las preguntas correctas sobre el independentismo de las consultas, hoy me toca fiscalizar la labor de los partidos catalanes. Y en especial, plantearme el impacto que tendrá todo este asunto sobre las próximas elecciones del 2010. Esto de los movimientos populares son muy bonitos, pero aquí alguien tiene que dirigir el huerto. De entrada, todos los pronósticos demoscópicos apuntan a que el tripartito no sumará, pero es demasiado pronto para hablar. Analicemos algunas cuestiones.

En primer lugar, y esto no se sabe en algunos lugares de España, ERC ha sufrido recientemente una escisión de su ala más soberanista en la figura del exconseller Carretero bajo las siglas de “Reagrupament”. Esta nueva formación, donde puede que termine aterrizando el oportunista Laporta, no ha tenido un papel en las consultas más allá de sumarse con entusiasmo. No ha ido, en este sentido, menos a remolque que la propia ERC, que se enfrenta a una muy previsible hecatombe electoral (su errática política con el Estatut y su apoyo al tripartito ha erosionado a sus bases). Por lo tanto, es posible que Reagrupament entre en el Parlament. Esto hará que, aunque no se convierta en bisagra, incida de manera importante en la vida política. E, incluso, para rizar más el rizo, algunos promotores de la consulta de Arenys de Munt proponen un partido propio para promover un referéndum a nivel catalán.

Pero mientras unos entran, otros podrían salir. La formación neo-centralista de Ciutadans, minada por sus propias divisiones internas en el grupo parlamentario, podría perder su representación. La abstención que les hizo entrar podría también hacerles salir. Quizás su única esperanza sea una coalición estratégica con UPyD, que intentará implantarse en Cataluña. Sin embargo, habrá importantes restricciones para esta unión. Organizativas, porque Ciutadans es un partido de base, pero UPyD es un partido dirigido desde arriba. Y más aún, UPyD tiene un discurso “nacionalista madrileño” muy antipático de importar a un territorio con tanta tradición de auto-gobierno. ¿Y que pasará con Monserrat Nebrera, esa política de raza que casi llega a presidenta del PP catalán y hoy, ya fuera del escenario, amenaza con un nuevo partido? ¿Se atreverá a concursar e intentar comerle espacio al PP desde la moderación que, hoy por hoy, es colindante con Unió (Durán Lleida, más conservadora) antes que con Convergencia Democrática (Artur más, más nacionalista)?

Y en este trance, tenemos cambio de cabezas de cartel. Puigcercós ha desplazado finalmente a Carod, Piqué (que bueno era el tío) es reemplazado por la gris Camacho y Saura (el poco afortunado Conseller de Interior, que pega a sus votantes en las manifestaciones) se va a favor de Herrera. Solo los dos grandes no hacen mudanza, pero está por ver como reacciona CiU ante el electorado soberanista (que intentará captar) y el PSC para hacer malabarismos entre la moderación, el catalanismo y la izquierda. Y eso sin que los recientes casos de corrupción salpiquen demasiado...

En suma, parece que se cumple la terrible maldición china de “Ojala te toque vivir tiempos interesantes”. Creo que no es desmesurado decir que las próximas elecciones serán de cambio aunque nadie podría predecir a ciencia cierta de en que dirección. Pero parece claro que los tiempos del oasis catalán han llegado a su final. Y me atrevería a decir más, parece que los propios catalanes están un poco a contrapié desde el final del pujolismo y no saben muy bien hacia donde tirar. ¿Quizás el propio Estatut era prematuro? En todo caso, esa decisión nació aquí, y en las próximas elecciones se cortará el nudo gordiano. Y aun así, nadie me puede negar que el panorama es, como poco, esquizofrénico.

Las consultas; ¿Nos hacemos en España las preguntas adecuadas?

La falta de tiempo me ha impedido hacer ningún comentario sobre las consultas soberanistas que tuvieron lugar el pasado domingo 13. Como la mayoría ya estáis enterados a través de los medios de comunicación sólo haré algunas aclaraciones. Primero, son consultas que nacen de la sociedad civil; no han venido promovidas por ningún partido sino por una amalgama de organizaciones cívicas. Y segundo, no son en ningún caso ilegales, ya que no utilizan infraestructuras municipales, colegios electorales… por más que requirieran autorización por los plenos municipales.

Más que centrarme en los análisis que se hacen desde aquí, me interesa mucho más la reacción que se ha tenido en el resto de España. Como es sabido, la participación total es de algo menos de un 30%. De manera inmediata, la prensa estatal se ha dedicado a proclamar el fracaso de tales consultas, argumentando que ha sido tremendamente baja. Sin embargo, este es un análisis terriblemente miope. En primer lugar, el censo de votantes para estas consultas partía de los 16 años y gente de origen inmigrante con tal de que estuviera empadronada. Como es sabido, la gente joven vota poquísimo (y más a esa edad) con lo que la participación total ha bajado considerablemente. Si se asumiera el mismo censo que en una elección ordinaria, probablemente la participación hubiera quedado unos 5 puntos arriba, cerca de las elecciones europeas en Cataluña (37,5%). Algo muy a considerar habida cuenta de los escasos medios de estas plataformas respecto de una campaña ordinaria. En segundo lugar, estas consultas han generado gran propaganda internacional del independentismo catalán. Observadores de otras naciones minoritarias como Quebec, Flandes, Escocia… además de mucha prensa de diarios franceses, ingleses o italianos.

Por lo tanto, de manera global (y aunque los promotores ahora se tiren los trastos a la cabeza entre ellos), las consultas pueden calificarse de éxito. Y frente a la lectura de la caverna mediática y neo-centralista de “Con sólo un 30% de participación esto de la independencia no interesa a nadie” yo me pregunto “¿Qué estamos haciendo mal para que hoy haya en Cataluña un 30% de independentistas, cantidad en aumento los últimos años?”. Es evidente que de los polvos del Estatut vienen los lodos que tenemos hoy en día. Todo comenzó con un Estatut tácticamente gestado en Cataluña, fatalmente lidiado por el Gobierno, repugnantemente utilizado por el PP, rebajado y cepillado por CiU antes que por Guerra y ahora, a la espera de ser recortado por un Tribunal Constitucional desprestigiado, politizado y en funciones. De modo que la jugada ha salido redonda. Por el mismo precio nos hemos cargado una de las pocas instituciones con prestigio e independencia (El TC), hemos erosionado las bases del Estado Autonómico al empezar la casa por el tejado (lo lógico es primero reforma constitucional y luego autonómica) e insuflado de fuerza al independentismo (por culpa de la caverna mediática neo-centralista y del propio PP, irresponsable y cicatero).

Quizás sea hora de empezar a madurar un poco la cuestión territorial buscando soluciones de compromiso, probablemente, a través de un estado de verdad federal. Y aquí el primer paso lo tiene que dar el resto de España, aprendiendo a encajar de una vez que vivimos en un estado donde la gente no se siente de la misma nación. Si queremos vivir también con ellos, debemos aprender a comprendernos. Esa “España plural” que pasa no por la mera retórica, si no por cuestiones más prosaicas como la reforma del Senado o el federalismo fiscal. Pero, sinceramente, cada vez soy menos optimista. Y aunque Sotelo dijo aquello de “Antes roja que rota” yo la prefiero antes rota que, como a algunos les gustaría, mandando a Espartero a bombardear Barcelona.

Asuntos Exteriores

Recientemente, además de los problemas internos del país, han surgido complicaciones en política exterior. Desde que se consiguiera el éxito de nuestra representación transitoria en el G-22 (que, sinceramente, no creía posible) y recompusiéramos relaciones con EEUU (bajo la consigna de Zapatero a Obama lo que Aznar a Bush), han estallado tres crisis a pocos meses de la presidencia europea de España. Estas han sido el secuestro del Alakrana, el bloqueo de la activista Haidar en Canarias y el secuestro ahora de los cooperantes humanitarios en Mauritania. Y justo en el marco de la retirada de Solana como Mr. PESC y la entrada de la baronesa Ashton.

Tengo que reconocer en política exterior, la gestión del gobierno presenta claros y oscuros. Donde apoyo una política prudente con Cuba, la normalización de relaciones con Marruecos o la política de cooperación y desarrollo en África, repruebo algunos acercamientos innecesarios al chavismo o los bandazos con la política de defensa (salida de Irak o Kosovo, por ejemplo). Pues bien, justamente tenemos que estas crisis se vinculan con algunos de los activos del gobierno en materia exterior: el continente africano. Empecemos por el tema de los secuestros. En el caso del Alakrana está claro que el balance es positivo en la medida en que se ha logrado rescatar con vida a los tripulantes, y eso es incuestionable. Ahora bien, es evidente que ha habido errores de los que conviene aprender. Ha habido errores de coordinación entre los ministerios, además de intentar aplicar la jurisdicción de la Audiencia Nacional a este caso (lo que todavía ha complicado más la gestión de la liberación). Ha habido errores de comunicación, con las críticas de familiares y partidos políticos a la gestión del gobierno, lo que ha debilitado su poder de negociación durante la crisis. Y, evidentemente, de seguridad, tanto que el pesquero estuviera fuera del área de seguridad como que escaparan los secuestradores impunemente.

Ahora, el secuestro de los cooperantes en Mauritania es un nuevo desafío, ya que parece confirmado que es Al-Queda quien está detrás. Este hecho probablemente complicará mucho más las gestiones, ya que las demandas serán inasumibles (Desde ceder Al-Andalus hasta salir de Afganistan). Y evidentemente, una cosa es pagar un rescate pero otra cambiar una política en función de terroristas. De momento, Cospedal ha dicho que la errática política del gobierno convierte a España en un país que parece débil frente a los terroristas, una víctima fácil del chantaje. Es evidente que no son declaraciones ni oportunas ni leales dada la situación ya que el ataque de los terroristas siempre será contra el eslabón más débil. Y este es, sin duda, España. Ignoro de qué manera se demostraría fortaleza al terrorismo yihadista internacional; ¿Volviendo a Irak? Me parece que siempre habrá una excusa para una acción terrorista…

Diferente es el asunto de la activista saharaui, porque pone en contradicción la real-politik de los últimos años frente a Marruecos. Las relaciones con nuestro vecino meridional siempre han sido especialmente complicadas por las demandas cruzadas que tenemos. Ellos reclaman Ceuta y Melilla. Por el contrario, nosotros tenemos un compromiso adquirido con el Sahara Occidental. Hoy por hoy, nos movemos en la ambigüedad calculada entre promover un referéndum de auto-determinación acorde a las disposiciones de Naciones Unidas y la soberanía reclamada por el reino alauí. Y era de esperar que en cualquier momento estas corrientes de fondo erosionaran las relaciones mutuas. Aunque el interés invita a una buena relación con Marruecos, no es menos cierto que la tensión es inevitable. El caso de Haidar pone de relieve lo trágico de la contradicción para España; reconozca un Sahara independiente o la soberanía marroquí, acabará perdiendo.

Vista estas situaciones y unida a la presidencia rotatoria de España en la UE, los temas de política exterior van a ser muy importantes durante el próximo semestre. En breve podremos tener un balance de la gestión exterior del gobierno.

Los tres mitos de un partido en la oposición

En política hay tres mitos terribles que hacen que los partidos que se encuentran en la oposición cometan errores serios de percepción de la realidad. Un hecho que condiciona, por supuesto, como ejercen su tarea de fiscalizar el gobierno y cómo se presentan ante los ciudadanos. Esto se aplica muy en particular a España (donde hay un sistema cuasi-bipartidista) Los mitos, todos ellos falsos, son tres.

El primero de ellos es el del ciclo. Se dice que en política existen ciclos por los cuales, cuando un partido lleva mucho tiempo en el gobierno, le tocaría el turno al otro. Un poco como en la Restauración del siglo XIX, habría “turnos” para gobernar a cada partido. Este hecho, por supuesto, es completamente falso. ¿Cuándo comienza un turno y acaba el otro? ¿Cómo se determina la duración de un ciclo político? En Andalucía o Extremadura el turno del PSOE lleva desde la restauración de la democracia, en Valencia el del PP desde los 90. ¿Cuándo le toca al otro partido? Pareciera que se le concede a la voluntad electoral un ritmo parecido al de las mareas, movidas por los ciclos lunares. Esto genera que muchas veces, los partidos en la oposición o bien se desanimen en su labor de oposición (porque creen que están ante un ciclo interminable) o bien se confíen porque consideran que “les toca ya”. Si miran más atentamente verán como eso de los ciclos depende menos de la casualidad de lo que se piensa…

Porque este mito se relaciona con un segundo; las elecciones no las gana la oposición sino que las pierde el gobierno. Otro error de bulto. El voto posee un carácter doble; tiene un carácter retrospectivo (se evalúa la tarea del gobierno) y prospectivo (se avala un partido alternativo). Es cierto que los ciudadanos sancionan al gobierno cuando lo hace mal dejando de votarle pero; ¿Por qué votarán a un determinado partido de la oposición? ¿No pueden votar a otro partido o abstenerse? ¿O es que se creen que sólo cabe el voto útil para poner a otro en el gobierno? Es evidente que se soslaya una condición fundamental: que haya una alternativa creíble y coherente. Es decir, una alternativa de gobierno propositiva, con un programa propio y un modelo de gestión. Como este hecho no se valora, se practica exclusivamente el desgaste del adversario con una oposición sin tregua ni cuartel (Mirad si no al PP en 2008) y sin proponer una alternativa…

Lo que enlaza con la tercera falacia. Se piensa que todas las negociaciones entre partidos son de suma cero. Es decir, que o gana uno o gana otro. No se valora la posibilidad de llegar a acuerdos que puedan beneficiar al conjunto de la ciudadanía o en los que ambos partidos salgan beneficiados. Por ejemplo, un acuerdo de lucha contra la corrupción o un pacto sobre Educación. Siempre recelan de que el adversario intente sacar tajada política y se pierde altura de miras a favor de la política del navajazo. En España, por desgracia, sólo se piensa en el pacto como adhesión incondicional a los postulados de un partido. No se piensa en llegar a consensos de mínimos…

Creo que lo mejor que puede hacer cualquier partido en la oposición es olvidar estos tres mitos. No existen ciclos que predispongan al electorado a favor o en contra. Lo que si hace falta es construir una alternativa sólida con propuestas coherentes con sus valores y saber distinguir entre aquellos temas que deben ser de oposición y aquellos que deben ser de acuerdo por el bien común. Si no es capaz de esto y se aferra a estas falacias le auguro una larga temporada en la oposición…

Corrupción

Estos días el tema estrella entre aquellos a los que nos interesa la política ha sido el de la corrupción. Todo viene a raíz de los últimos casos que han agitado las aguas del presunto “oasis catalán”. Nombres propios como Filesa, Roldán, el caso Naseiro, Pozuelo y Seseña, Marbella, Gürtel… se han convertido por desgracia en lugares comunes del imaginario político español. En el ranking de transparency.org, España aparece como el país 23 de los 163 analizados, de menos a más corrupto según la percepción ciudadana. Probablemente hayamos caído. De hecho, la percepción ciudadana quizás sea excesivamente benevolente…

Me gustaría empezar dejando claro que considero que España es un país que tiene una predilección natural por la corrupción. Y no hablo de la política, solamente. Usar la wifi del vecino, escaquearse para echarse un cigarrillo durante horas de trabajo, una falsa baja laboral, hacer un trabajo mal a sabiendas… son ejemplos de corrupción. Puede considerarse que apenas es dañina, se trata de una corrupción privada: sin embargo, es un comportamiento legal y socialmente penalizado en otras latitudes. Sin embargo, quizás el más lesivo para el interés general sea la corrupción pública, sea o no ejercida desde instituciones. Ejemplos de corrupción no ejercida desde instituciones públicas pero que las afectan son los casos típicos de fraude fiscal en cualquiera de sus formas, soborno a cargos públicos, etcétera. De momento, dejaré esta situación a parte y me centraré exclusivamente en la corrupción pública ejercida desde las instituciones.

Creo que una manera de atacar el tema es distinguiendo entre dos planos diferentes pero relacionados; lo legal y lo político. En el primer plano, existen unos delitos tipificados en el código penal como de corrupción. Estos supuestos son los perseguidos por la justicia. La democracia tiene de positivo que es capaz de lavar sus vergüenzas en público. Es decir, que permite la transparencia en la persecución de los delitos, a diferencia de un régimen despótico, donde la corrupción existe pero se tolera. Sin embargo, en este plano España necesitaría hacer reformas importantes. Y no me refiero a poner sobre el papel nuevos supuestos de corrupción, que también podría ser útil. Es necesario, en primer lugar, dotar de más medios a la fiscalía anti-corrupción. Un segundo es el ampliar las penas por corrupción. Algunas propuestas pueden ir desde aplicar la Ley Anti-terrorista a los corruptos, penas máximas (hasta 30 años) y, la más importante, incautación vitalicia de bienes inmuebles y financieros hasta la devolución de la cantidad desfalcada. Un tercero pasa por evitar la politización de la justicia, medidas de inhibición cautelares para evitar que el presidente de la Audiencia de una comunidad sea “muy amigo” del potencial imputado…

El segundo plano es el de lo político. ¿Es justo el uso del poder para favorecer a una clientela afín a intereses privados? Lo cierto es que eso ocurre. La discrecionalidad de la administración (a todos los niveles, pero más el local) en la adjudicación de contratos, de estudios, etc… genera redes de amiguismo claramente clientelar. Además de que hacen que el cargo público pueda ser corrompido por organizaciones con ánimo de lucrarse a costa de la administración. Este plano en cuestión liga con la concepción de lo público. ¿Se está en el poder para vivir del pesebre público o con una vocación de servicio? Aquí entra la actuación de dos actores. Primero de los partidos, que deben seleccionar a sus cargos públicos con un cuidado exquisito, apartando a las manzanas podridas. Del mismo modo, puede emplear la corrupción para financiarse ilegalmente. Cuanto más endógamo sea un partido (en el nivel que sea), mayor es el riesgo de que no sepa o quiera hacerlo. Partidos políticos con democracia interna, porosos con la sociedad civil, favorecen la transparencia y por lo tanto, reducen la posibilidad de que haya corrupción. Pero el segundo actor es la ciudadanía, que elige a los gobernantes. Cuanto más intransigente sea la ciudadanía con la corrupción, más se informe sobre política y se implique en los asuntos públicos, más probable es que sancione a los partidos que lleven corruptos en sus listas. Lo contrario ocurrirá si la propia ciudadanía se beneficia de las redes de amiguismo y los mismos corruptos tenderán a reproducirse ene l poder.

En suma, atacar la corrupción requiere de tres frentes coordinados. El primero es el político, con una vocación clara de lucha contra la corrupción. Tolerancia cero, expulsión de corruptos inmediata (la presunción de inocencia es legal, no política), mecanismos de transparencia y democracia interna. El segundo es el legal, impulsado desde la política. Declaración de patrimonio de concejales antes y después de la legislatura, medios a fiscales anti-corrupción, cambio en la ley de financiación de partidos y endurecimiento de penas por corrupción. Y el tercer frente es el ciudadano, que es crucial: ni un voto a corruptos, defensa cerrada de lo público. ¿Son propuestas utópicas? No lo creo: más bien es el mínimo común denominador de una democracia avanzada. No merecemos menos.

No teneis pelotas

Sólo algunas palabras breves sobre el tema. Como se sabe, ha generado un importante revuelo la enmienda de los presupuestos que cambia el tipo de IRPF que se le aplica a extranjeros no residentes (hasta los 6 años en España). Mientras que antes las rentas superiores a 600.000 euros tributaban al 23%, ahora lo harán al 43% (que es el tipo ordinario). Esta deducción tenía por objeto atraer a científicos y capital humano cualificado de otros países. Por cierto, cuando conozcáis a un científico que cobre esa cantidad ya me avisareis. Al final, se convirtió en el coladero por el que los clubes de fútbol más ricos podían traer estrellas de elite mundial aprovechando la deducción para pagar poco.

Ahora los clubes que traigan jugadores de fuera tendrán que pagar bastante más, ya que son los que se hacen cargo de la tributación de los jugadores. Y claro, Real Madrid y Barcelona se han puesto de morros y la Liga de Fútbol amenaza con ir a la huelga. Es que ahora, según ellos, la industria del fútbol que tanto dinero mueve en España, se verá resentida. Baja la calidad de la liga, se venden menos derechos televisivos, menos camisetas en el mundo, y en general, un colapso del sector. Habida cuenta de que la deducción se aplica desde 2006, entiendo que el sector deportivo anterior a ese año era desastroso y de escaso prestigio internacional. Siguiendo este argumento, entiendo que la demanda de consumo deportivo es muy elástica. Es decir, que todos los aficionados del fútbol, (de aquí y de fuera) como ya no vendrán estrellas internacionales a España, se pondrán a ver hípica y waterpolo. Incluidos los hinchas de los equipos, claro, que desilusionados abandonarán sus afinidades… En resumen, la hecatombe.

Pandilla de sinvergüenzas. Lo que no hay derecho es a que los clubes paguen una tributación más baja cuando están trayendo aquí a deportistas ultra-ricos y que están en un injustificado limbo fiscal. ¿Qué quieren ir a la huelga? Que así sea. Que paren el fútbol, a ver si logran erosionar al gobierno. Que monten piquetes con Kaká, Messi y Cristiano Ronaldo. Sería estimulante y ojala que lo hagan. Pero en el fondo se quedará en poca cosa porque no tienen pelotas. Tan ricos, con tantos intereses creados… ¿Imagináis un fin de semana sin futbol? ¿La gente por las tardes de paseo, charlando en los bares sin hinchadas de hoolingans gorilas? Las ondas radiofónicas con programas de cultura, la Sexta reponiendo a Buenafuente… Dios mío: ¡Huelga ya!