Corrupción y Cajas de Ahorro

Han salido recientemente algunos artículos de periódico que rastreaban las causas de la corrupción en España. El más interesante de ellos fue el que salió hace unas semanas en “El País” del profesor Lapuente Giner y que ha tenido un análisis somero en “El Pati descobert”. Este tema se liga muy fácilmente con el tema del que quiero hablar, que es el de la politización que se hace de las Cajas de Ahorro.

Las Cajas de Ahorro son entidades financieras de carácter atípico en el resto de Europa. Nacidas de los antiguos Montes de Piedad, tienen entre sus obligaciones tener objetivos de carácter social. Aunque antes se dedicaban sólo a la captación de ahorro, a partir de 1977 pueden ofrecer los mismos servicios que los bancos ordinarios. Las Cajas de Ahorro, además, son reguladas por las comunidades autónomas, que fijan sus estatutos y disponen de una importante cantidad de representantes. De la misma manera, gestores y corporaciones municipales toman parte en su consejo de administración. Por supuesto, disponen de notables beneficios fiscales, y pese a esta naturaleza mixta, la UE las considera como empresas. A partir del desarrollo autonómico, todas las regiones han ido creando sus propias Cajas, más o menos al amparo del poder político. Y por supuesto, incidiendo en ellas de la manera más descarada. Los ejemplos más recientes son la posible fusión de las tres cajas vascas (que el PNV ve con tan buenos ojos) y la guerra abierta por Caja Madrid (entre dos sectores del Partido Popular). Caja Castilla La Mancha, la que acaban de intervenir, la gestionaba un ex diputado socialista.

Bueno ¿Y que tiene de malo que estén politizadas? En general, se podría argumentar que por su función social, es razonable que los cargos públicos tengan mano en las mismas. Esto me liga con la cuestión inicial. Sabemos que el principal problema que hace aflorar corrupción es cuando no limitamos los espacios de intervención política, dejando espacios para el uso partidista/ personalista de recursos públicos. Por ejemplo, sabemos que España es de los países de Europa con mayor número de cargos de designación política. Esto favorece que, ante una opinión pública que no lo sanciona (baja probabilidad de rendimiento de cuentas) las tentaciones de designar a los afines sea alta, no sobre criterios de eficiencia si no de lealtad personal. Así, se genera un caldo de cultivo que permite que la corrupción anide en el sistema a través del clientelismo. Si a eso le sumamos la ausencia de una ley de financiación de partidos actualizada, contextos de especulación urbanística desmesurada, una justicia sin medios… podemos entender un poco nuestra posición global en el ranking de corrupción (puesto 28).

El problema de que los políticos puedan meter mano en las Cajas de Ahorro es que es un instrumento enormemente tentador para la corrupción. El dinero es poder y no pocos partidos tienen deudas de financiación con Cajas. Ante esta situación, es poco probable que no intervengan en las mismas. Manejan unos recursos financieros considerables y no son gestionados siempre con la prudencia y el tino deseables para una situación económica tan difícil. Por eso me da miedo que permanezcan en sus manos. Porque bastantes problemas estamos teniendo ya para que gestionen lo público, como para fiarse de lo que hagan en lo financiero. Y, pensando en el sistema político, me preocupa que las Cajas de Ahorro sean una ventana de oportunidad para la mayor corrupción de nuestra política. El sentido de Estado llamaría a separar política de Cajas de Ahorro. El sentido común te dicta que eso jamás se hará.

La desigualdad y el valor de un voto

Este pasado mes de marzo se ha publicado mi primer artículo académico “La desigualdad y el valor de un voto: El Malapportionment en perspectiva comparada”. En este artículo me centraba en un sesgo típico de los sistemas electorales conocido como malapportionment. Este significa que hay una desviación entre la proporción de escaños y la de población que corresponden a un determinado distrito en unas elecciones. Es decir, que una circunscripción tiene más o menos escaños asignados de los que les corresponde por población.

Este sesgo es algo a lo que ya estamos acostumbrados en España. La Ley Electoral establece que la circunscripción en las Elecciones generales es la provincia y que debe haber un mínimo de dos diputados asignados a cada una. Si nos fijamos en las Elecciones de 2008, en la provincia de Segovia, el PP consiguió dos diputados con 53.399 votos (26.669 votos por escaño) frente a, por ejemplo, Barcelona, donde el PSOE obtuvo 16 con 1.309.171 sufragios (81.823 por diputado). Es decir, que unos distritos tienen más representantes de los que les correspondería por población (lo que las sobrerepresenta) frente a otros que no. Por supuesto, esto no es neutral. Las propias elites diseñan los sistemas electorales y los configuran para su ventaja. Por ello, fueron las elites tradicionales que democratizaron el país las que generaron el malapportionement, esperando obtener ventaja en la futura competición electoral. Se da de manera general, que las regiones más despobladas son las que tienen más inflado su número de representantes/ población. No en vano, en la mayoría de países, coinciden con las más rurales y conservadoras. Si bien es cierto que luego esto cambió (el campo andaluz se volcó con la izquierda) ello no invalida el razonamiento inicial que hicieron las elites de la transición.

De manera general, los países en los que están presentes son en las democracias más jóvenes, siendo España el único país europeo que se sitúa entre los 16 países con más malapportionment. Como muestro en mi artículo, la mejor manera de predecir en que medida está presente este sesgo es analizando la desigualdad existente dentro de un país. Cuanto mayores desequilibrios existan, más probable es que este sesgo esté presente en mayor medida. Fue esa base de desigualdad la que utilizaron las elites tradicionales para intentar consolidar su poder y asegurarse una representación mínima. En todo caso, este primer artículo abre nuevas incógnitas: ¿Cómo evoluciona en el tiempo este sesgo? Es de esperar que la población de las zonas rurales tienda a reducirse, luego que aumente. ¿Ocurre efectivamente así? Por otra parte, también dependerá de si se hacen correcciones al sistema o no. También es posible conectar este hallazgo con las políticas públicas ¿Existe mayor proteccionismo rural donde el malapportionment es mayor? ¿Hay mayor redistribución de la renta entre regiones?

En suma, he aquí un pequeño granito de arena a la ciencia política. Sin lugar a dudas permite que se planteen nuevas preguntas y se de pábulo a nueva investigación. Espero poder retomar el tema más adelante. En todo caso, todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi tutor y de los buenos comentarios de mis compañeros. A todos ellos, gracias.

Desproporcionado

Tras esta pequeña pausa lúdico- festiva en casa, me gustaría dedicar esta entrada a criticar duramente la actuación brutal de los mossos de escuadra la pasada semana. Se han vertido ya ríos de tinta sobre la cuestión, así que no seré reiterativo. Sin embargo, quiero centrarme en dos ámbitos de responsabilidad: el policial y el político.

Sobre el policial, y acorde a lo que se publica en un informe interno de la policía catalana, “una carga con periodistas y peatones heridos, difícilmente puede calificarse de exitosa”. Una valoración ciertamente curiosa que entiende que el uso desproporcionado de la violencia contra los estudiantes no es negativo si resulta lo suficientemente selectiva. Es decir, que no habría censura pública a la actuación policial si los heridos sólo hubieran sido estudiantes. Otra de las sorprendentes revelaciones del informe es que muchos de los heridos no han sido por la actuación de los mossos, si no porque los estudiantes se tropezaron con “farolas y demás mobiliario urbano”. De modo que es evidente que si a uno le persiguen con porras el alto, lo que debe hacer es o bien no correr (para que le peguen) o bien andar con cuidado (para no golpearse). Todo el mundo sabe que una huída masiva ante una carga policial es un contexto que invita a un gran despliegue de reflejos felinos. Y por último, si hay periodistas heridos es porque se pusieron “en la línea entre los manifestantes y la policía”. Así pues, ¿Qué hacían los medios de comunicación en medio? Ellos se lo han buscado. ¿Qué había violentos en la manifestación? Es probable. ¿La reacción policial fue desmedida? Eso es seguro.

Sobre las responsabilidades políticas, Saura e ICV tiene muchos problemas derivados de esta carga policial. Primera cuestión, y en la que todo el mundo está de acuerdo, es cómo se puede acepatar el caramelo envenenado de Interior, que tan poco casa con la ideología del partido. Segunda, que los cargos internos le llevaban poniendo la zancadilla desde hace tiempo (desde las declaraciones de sindicatos internos hasta los episodios de agresión en comisarías). Tercero, que si uno es responsable de la policía, no puede hacer otra cosa que cerrarse en su defensa, aunque realice pesquisas internas. Intentar estar a ambos lados de la pancarta es difícil. Y cuarto, que nadie pegaría a sus potenciales votantes y ciertamente esta actuación pasará factura a ICV (tan basada en el electorado joven, universitario y de movimientos sociales), lo que es hábilmente aprovechado por CiU para evitar que el tripartito sume de nuevo. Así, me atrevo a pronosticar una debacle importante de los eco-socialistas si no se deciden a relevar al candidato.

Es previsible que se realice la depuración de responsabilidades en ambas esferas, porque los informes muestran la falta de coordinación en la actuación de la policía y en términos de gestión política ha habido gran torpeza. Por supuesto, no avalo el uso de la violencia por parte de los manifestantes. Estoy seguro de que hubo provocaciones Pero la desproporción en la reacción policial la avalan las cifras. Una veintena de heridos entre los estudiantes el día 18. 23 uniformes manchados de pintura rosa entre los mosos. Un flaco favor a un debate sereno sobre el proceso de Bolonia.

Pd: Imágenes varias (las primeras dos de las cargas, la segunda la declaración del periodista herido)

http://blip.tv/file/1891138

http://blip.tv/file/1891860

http://www.youtube.com/watch?v=xBRIe2wJB8U

El republicanismo: ¿Complemento o alternativa?

Hace algunos días fui a una conferencia que organizaban JSC-JSE sobre movimientos sociales y las políticas de izquierda. En una de las mesas redondas que se organizaban llamada “Nuevos derechos y libertades”, habló el diputado Álvaro Cuesta. En esta intervención se mencionó las bondades del republicanismo como una forma de legitimación de la izquierda post-marxista. Precisamente comentó el ponente a modo de anécdota su charla con Pettit, el principal teórico del republicanismo, en la que “vendía” su teoría como forma de legitimación de la social-democracia. Creo que esto presenta algunos riesgos…

En la exposición se demostró cómo el diputado en cuestión se había mirado la teoría del republicanismo muy por encima. En general, incidió en uno sólo de sus aspectos: la libertad como no-dominación. Se trataría de la libertad individual que se basa en que no haya dominación arbitraria por parte de ningún poder externo. Ni externo a la comunidad ni externo al individuo. Por ello, se buscaría una provisión de recursos sociales que permitiera la no injerencia sobre los proyectos de vida autónomos de los ciudadanos. Por supuesto, es un concepto que intuitivamente parece justo. Sería una suerte de “libertades positivas formuladas en negativo”. Esto es, unos derechos negativos (los que tutelan al individuo) que requieren de intervención pública para desarrollarse. Podría pensarse que es un vehículo post-moderno atrayente para la izquierda. Pero es más un complemento al liberalismo clásico (derechos individuales garantizados) que una alternativa. Pero al tanto, porque siempre hay un peligro oculto, ya que el garante de tal “libertad cómo no dominación” es el Estado. Volvemos por lo tanto al estado russoniano donde la libertad del individuo es la de la comunidad.

Pero el diputado se olvidó dos puntos del republicanismo. El primero, que se trata de un movimiento que valora que la participación es un valor supremo. Se debe participar siempre en los asuntos públicos de manera activa. Por lo tanto, habla de un ciudadano cívico. No escuché del diputado ninguna iniciativa en este sentido, porque en el fondo es clase política, y subyace su vocación de representación. El segundo elemento es que el republicanismo es moralmente exigente. Espera que el ciudadano, para participar debidamente, disponga de unas virtudes cívicas. Por supuesto, esto viene de muy antiguo (desde Aristóteles, al menos) pero no hay acuerdo sobre que virtudes son las deseables. Por lo tanto, el republicanismo exige un compromiso activo individual y colectivo muy fuerte. Se plantean por esto varios problemas: si el ciudadano no desea participar ¿Es un paria que debe ser excluido? Si el ciudadano no dispone de las virtudes cívicas ¿Se le debe educar para que las tenga? ¿Quién decide cuales se deben inculcar? El problema es que vuelve el Estado para protegernos. ¿Qué sociedad hay más participativa que la China comunista, dónde todo el mundo se va de desfiles y está afiliado al Partido?

Creo que hay cierta desorientación ideológica en la izquierda. Plantear el republicanismo como una forma de legitimar la social-democracia creo que es un error. Se deben aclarar varias cosas. La primera, es que hoy día de que sólo las fuerzas moderadas (a izquierda y liberales de derecha) defienden las libertades individuales. Los embates del fundamentalismo, el neo-conservadurismo y el populismo de izquierdas son furibundos. Aunque la izquierda tenga un recorrido ideológico desde el marxismo, debe interiorizar la defensa de los derechos individuales como propia. Y segunda, que el republicanismo es una propuesta interesante, pero que no puede ser sustitutivo de los primeros. Debe ser un complemento. La izquierda debe trabajar a fondo la defensa de la igualdad de resultados para asegurarse de que los hombres tengan acceso a un sistema meritocrático justo y que la igualdad de oportunidades no camufle la discriminación (Véase Jose María Maravall). Sólo quiero recordar la frase apócrifa: “No basta con que los hombres sean lo más libres posible. Hay que luchar por una sociedad en que todos los hombres sean igual de libres”.

La universidad a debate

En el marco de las movilizaciones contra el proceso Bolonia se invitó a dar una charla en la UPF a Josep Ferrer, ex rector de la Universidad Politécnica. En este contexto en el que hay tanta información interesada, creo que su coloquio fue muy ilustrativo ya que se centraba en el futuro de la universidad combinando su experiencia como gestor y cómo profesional de las ciencias “duras”. Me gustaría destacar algunas de sus ideas claves.

Para Ferrer, la universidad estaba en peligro de mercantilización, es decir, que se convierta de un agente (exclusivamente) de orientación hay el mercado laboral y no también un promotor de equidad. Este peligro se canalizaba de dos formas. Una es a través de la regulación de sus órganos internos y otra a través de la financiación. Aunque el es gran conocedor del primero y tiene ciertos escritos sobre el tema, en esta charla quería centrarse sobre todo en el segundo. La financiación de la universidad se realiza desde tres vías. La primera es la de las tasas universitarias de las matrículas. La segunda es mediante los convenios con las empresas y la tercera a través de la subvención pública directa.

Sobre las tasas, planteó los dos argumentos contrapuestos. Por una parte, el enfoque económico de que dado que existe una demanda de educación universitaria, y se traduce en un beneficio individual, es lógico que se pague por el en función de los precios que asigne el mercado. Por el otro, el argumento de que cómo la educación universitaria genera una externalidad positiva, un beneficio social colectivo (nuevos nichos de mercado, sociedad más ordenada, las empresas tienen acceso a mano de obra más cualificada…), las tasas deberían tender a suprimirse ya que el beneficio global excede con mucho al individual. Para Ferrer, lo ideal son las tasas a precios públicos. Pero además, y aquí lanzó una idea interesante, generando corresponsabilidad del alumno. Es decir, que dado que el Sector Público asume el coste del universitario, se debe ser especialmente exigente en que éste cumpla sus compromisos. Para ello, generar una cultura del esfuerzo y de la responsabilidad (no necesariamente a través de la nota).

Sobre los convenios externos con empresas, los plantea como con elementes positivos y negativos. Positivos porque permite que la universidad no se aísle y contacte con la sociedad civil (las empresas también lo son). Pero negativos, porque si no están muy regulados condiciona los esfuerzos del profesor, que al final puede dedicarse más a la empresa que a su actividad docente. Y no es tan extraño si pensamos en los médicos que van a la pública por la mañana y atienden su consulta privada por la tarde. Lo importante para Ferrer es garantizar que la universidad tenga autonomía financiera suficiente para no tener que depender de las empresas. De esta manera, los acuerdos se pueden alcanzar sobre posiciones de igualdad. Y nos desplegó una gran serie de experiencias personales sobre empresas que querían utilizar el paraguas de la universidad para fines poco éticos. El aboga por potenciar a las empresas que quieren de verdad involucrarse en el I+D.

Por último, sobre las subvenciones públicas establecía que debían de ser las prevalentes, pero se debían conjugar el difícil equilibrio entre la autonomía universitaria y la financiación pública. Aunque la universidad recibe sus ingresos del sector público, había que recordarle al político que en este caso, el que paga no manda. Y esto entroncaba con el debate sobre la regulación interna de la universidad y la necesidad de potenciar unos órganos que fueran principalmente colegiados (no asamblearios), que diferencien las reivindicaciones laborales de sus miembros con la gestión académica, que fuesen democráticos y que integraran a miembros de la sociedad civil en sus consejos sociales.

En suma, Josep Ferrer planteó un debate muy interesante sobre el papel de la universidad en la sociedad y cómo gestionarla. A raíz de las preguntas planteadas, terminó apuntando tres cosas que convenía aclarar. La primera, que Bolonia no establece una metodología de estudio (seminarios y tal). Eso se aplica libremente por las universidades. Segunda, que dado que los profesores son evaluados por su investigación y no por su docencia, su interés en mejorar cómo se hace esta última es cero. Y tercera, que las universidades son el único sostén del I+D en España, ya que el de las empresas es irrisorio. Al final la duda que se me planteó es si las críticas que se hacen a Bolonia están incidiendo en los verdaderos puntos negros del asunto… Me parece que no.

PD: Ni un solo miembro del Sindicato de Estudiantes que ha ocupado la UPF estaba en esa charla. Esto da una idea del verdadero interés que tienen algunos en el proceso Bolonia.

Recordad la infamia

Adelanto electoral

El otro día, alguien cercano me planteó la pregunta de si Zapatero podría adelantar las elecciones dado el panorama político que se le plantea. Esto me sirvió para aplicar la segunda parte del libro “La confrontación política” de José María Maravall (2008, Ed. Taurus) en el que, precisamente, trata del tema de los adelantos electorales. Conste que intentaré aplicar su lógica para responder a esta pregunta: ¿Adelantará Zapatero las elecciones?

Partamos de algunas premisas. En primer lugar, los partidos obtienen más utilidad (beneficios, si se quiere) cuando están en el gobierno que en la oposición. Por otro lado, someterse al escrutinio de los electores posee un componente de riesgo, de incertidumbre ante los posibles resultados. Pero ello no significa que los gobiernos en regímenes parlamentarios se mantengan en el poder hasta agotar su mandato. En general, adelantarán elecciones en dos contextos: 1) si saben seguro que van a perder y quieren intentar minimizar sus pérdidas y 2) si saben seguro que van a ganar y quieren aprovechar para maximizar sus escaños. De manera global, apenas hay casos contrastados en los que se convoquen elecciones en la primera mitad de la legislatura; suelen hacerlo al tercer o cuarto año. Los gobiernos que más adelantan elecciones son los monocolor (un único partido gobernando) en minoría parlamentaria mientras que los que menos lo hacen son los de coalición (porque su funcionamiento interno reduce el margen del Primer Ministro). Por último, hay una fuerte tendencia a que ante una subida de la popularidad del Presidente, se convoquen elecciones anticipadas aprovechando la buena coyuntura, y más aún si esta es volátil. También influye favorablemente la existencia de una oposición dividida.

Intentemos aplicar estos argumentos al caso de España. El gobierno Zapatero es del PSOE en minoría, luego tiene margen de maniobra para el adelanto. Aún así, sería extraño que, salvo si hubiera una crisis de gobierno muy importante (veto a Presupuestos en el Congreso) se adelantaran elecciones en el año próximo. Como sabemos, la crisis económica está desgastando al Ejecutivo y supone caídas en su popularidad. Aunque la oposición tiene problemas (porque está dividida internamente) para capitalizar este desgaste, su liderazgo ha sufrido un leve repunte tras la victoria en Galicia. Pero el timing de la crisis económica es crucial. Un diagnóstico certero nos coloca en un horizonte de recuperación hacia el 2011-2012. Por lo tanto, habríamos de esperar que la popularidad del ejecutivo se repusiera en esos años (si, y sólo sí, no ocurre nada imprevisto). Mientras, un resultado decepcionante en las europeas podría dividir a la oposición (o reforzarla si es positivo).

En suma; recapitulemos la evidencia. A favor del adelanto está que es un gobierno monocolor en minoría y hay una oposición dividida. En contra, la parcial caída de la popularidad. Ya que el escenario previsto en caso de adelanto inmediato muestra paridad en intención de voto PP-PSOE, el riesgo de convocarlas (se pueden perder por poco) excede claramente los beneficios de seguir gobernando. Un adelanto inmediato es impensable, y más si el PP gana las Europeas (reforzarían a Rajoy). Sin embargo, podría ser que se adelantaran en caso de que la una rápida mejoría en la economía al final de la legislatura aúpe la popularidad del gobierno. Aunque siempre sea difícil hacer pronósticos, dudo mucho de que un adelanto electoral sea inminente.