De entre las muchas anomalías que han tenido lugar durante esta legislatura, una de las que más me ha sorprendido ha sido el activo papel de la Iglesia Católica (Sobretodo, la Conferencia Episcopal) como agente de movilización contra algunas de las políticas del Gobierno. Básicamente, el matrimonio homosexual, el divorcio “express”, el derecho del aborto, la eutanasia y Educación para la Ciudadanía han centrado las críticas. Pero además, la Iglesia también ha invadido otros campos insólitos cómo el de la unidad de España o el terrorismo. Ya sea convocando manifestaciones o a través de declaraciones institucionales, la Iglesia Católica ha estado excepcionalmente combativa. En primer lugar, me gustaría repasar someramente cómo están las relaciones Iglesia- Estado para luego hacer algunas consideraciones normativas.
El actual marco de relaciones con la Iglesia Católica viene definido por unos acuerdos internacionales firmados con la Santa Sede que data de un periodo pre-constitucional (1976) y que han ido prorrogándose de manera indefinida por los diferentes gobiernos, si bien en su versión más depurada apenas varío desde 1979. Se le presume a la Iglesia una relación especial con España (que es un Estado aconfesional) a través de su carácter de interlocutor preferente y de su financiación. El primero, se supone que viene dado por el número de católicos en España. El segundo, para garantizar el mantenimiento de la función eclesiástica. Este gobierno redefinió la financiación, que pasó de basarse en una dotación directa + la casilla del IRPF a estar sólo esta última, si bien con un porcentaje mayor e la aportación voluntaria. Hasta hace dos años la Iglesia no pagaba IVA en España, situación que cambió por imperativo de la UE. Además, la Iglesia posee gran autoridad sobre catequistas y personal docente de escuelas católicas, hasta casi la impunidad frente al despido injustificado (como avaló recientemente el Tribunal Constitucional) De modo general, por lo tanto, la Iglesia conserva una notable cantidad de privilegios en materia económica, social y política que se han venido reproduciendo a lo largo del tiempo, sobretodo derivados de las inercias del régimen anterior.
¿Es el mantenimiento de esta situación privilegiada justa? Desde mi perspectiva no lo es. Dado que todos los ciudadanos pagamos impuestos, incluidos los no católicos, que el Estado financie de manera importante a la Iglesia implica hacernos a todos nosotros co-financiadores de una institución de carácter privado, aun religiosa. Y no sólo por lo referente a la dotación directa sino por la propia casilla del IRPF, pues el Estado obra de recaudador para la institución (lo que implica un coste) además de ser un agravio comparativo con otras iglesias, que aunque son minoritarias, merecerían el mismo trato. Si es que queremos financiar alguna religión por considerársela algún bien a proteger en sí mismo. Desde luego, tal sentencia tendría un encaje constitucional complicado. Para unas relaciones más justas se debería, lo primero, denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, que son inconstitucionales, y renegociar desde cero con la Iglesia. Y lo segundo, buscar que el objetivo sea su autofinanciación. Puedo aceptar que se busquen formas para aportar dinero a las tareas sociales que realiza la Iglesia (que tienen una importancia notable, sobretodo a nivel parroquial) pero en las mismas condiciones que aquellas organizaciones no religiosas que también las hacen. Vía subvención condicionada. Se debe financiar a la Iglesia por lo que aporta a la sociedad en términos materiales, no morales o espirituales.
Sobre las manifestaciones de la jerarquía católica seré mucho más puntilloso. A propósito de las valoraciones que hacen sobre todo tipo de temas, a mi me parece muy bien que las hagan, que opinen sobre temas que consideran morales, se manifiesten y llenen la Plaza de Colón o incluso que pidan el voto veladamente (o no) para un determinado partido. Son absolutamente libres de obrar como quieran, ya que no poseen ninguna preeminencia particular que haga de ellos deseable neutralidad. Es cómo si una asociación de pilotos hace un comunicado diciendo que está a favor del aborto. El Estado es el que debe ser neutral, no ellos. El Estado debería garantizar la convivencia de unas doctrinas opuestas y totalizantes desde una óptica estrictamente no intervencionista. Me explico. Toda ideología, religión… tiende a tener un carácter totalitario, es decir, a abarcar todos los aspectos de la vida (morales, políticos…) y a ser excluyente de otras (Yo tengo razón y tu no). Lo que pasa, es que algunas doctrinas son más liberales que otras. Es decir, que algunas aceptan la libertad individual para pensar u opinar libremente o incluso, la posibilidad de que otro tenga razón. Si una doctrina totalitaria llega al poder y se establece sin cortapisas (institucionales, políticos o sociales) entonces llega la dictadura de “La Verdad”, y el que no la asume puede perder hasta la vida. Las diferentes religiones, ideologías… deberían en un Estado constitucional supeditarse siempre a la prevalencia de unos derechos fundamentales, porque si no, no hay viabilidad para la democracia.
En España, la religión ha tenido este carácter totalitario en la medida en la que ha impuesto creencias. Y no es que las haya impuesto cómo organización privada (si eres de un club, cumple las normas) sino que las ha impuesto con el apoyo del estado represor a su servicio. Siempre hay excepciones, y no hago un alegato contra el creyente, sino contra la imposición de las creencias. Pero cuando sale la Iglesia a la calle, a mi me da un poco de mal rollo, no porque se limiten a exigir que su voz sea tenida en cuenta (¡Las peras con las peras!) sino porque parece que quieren retomar un espacio dentro del Estado y que las políticas de este se pongan al servicio de su moral. Y es que garantizar que la gente pueda tener más libertad (casarse o divorciarse, abortar o incluso, hasta morir cuando lo desee) es para la Iglesia algo pernicioso por alejarse de su moral única y verdadera. Ya se sabe, o conmigo o contra mí. La Fe es lo que tiene.
El actual marco de relaciones con la Iglesia Católica viene definido por unos acuerdos internacionales firmados con la Santa Sede que data de un periodo pre-constitucional (1976) y que han ido prorrogándose de manera indefinida por los diferentes gobiernos, si bien en su versión más depurada apenas varío desde 1979. Se le presume a la Iglesia una relación especial con España (que es un Estado aconfesional) a través de su carácter de interlocutor preferente y de su financiación. El primero, se supone que viene dado por el número de católicos en España. El segundo, para garantizar el mantenimiento de la función eclesiástica. Este gobierno redefinió la financiación, que pasó de basarse en una dotación directa + la casilla del IRPF a estar sólo esta última, si bien con un porcentaje mayor e la aportación voluntaria. Hasta hace dos años la Iglesia no pagaba IVA en España, situación que cambió por imperativo de la UE. Además, la Iglesia posee gran autoridad sobre catequistas y personal docente de escuelas católicas, hasta casi la impunidad frente al despido injustificado (como avaló recientemente el Tribunal Constitucional) De modo general, por lo tanto, la Iglesia conserva una notable cantidad de privilegios en materia económica, social y política que se han venido reproduciendo a lo largo del tiempo, sobretodo derivados de las inercias del régimen anterior.
¿Es el mantenimiento de esta situación privilegiada justa? Desde mi perspectiva no lo es. Dado que todos los ciudadanos pagamos impuestos, incluidos los no católicos, que el Estado financie de manera importante a la Iglesia implica hacernos a todos nosotros co-financiadores de una institución de carácter privado, aun religiosa. Y no sólo por lo referente a la dotación directa sino por la propia casilla del IRPF, pues el Estado obra de recaudador para la institución (lo que implica un coste) además de ser un agravio comparativo con otras iglesias, que aunque son minoritarias, merecerían el mismo trato. Si es que queremos financiar alguna religión por considerársela algún bien a proteger en sí mismo. Desde luego, tal sentencia tendría un encaje constitucional complicado. Para unas relaciones más justas se debería, lo primero, denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, que son inconstitucionales, y renegociar desde cero con la Iglesia. Y lo segundo, buscar que el objetivo sea su autofinanciación. Puedo aceptar que se busquen formas para aportar dinero a las tareas sociales que realiza la Iglesia (que tienen una importancia notable, sobretodo a nivel parroquial) pero en las mismas condiciones que aquellas organizaciones no religiosas que también las hacen. Vía subvención condicionada. Se debe financiar a la Iglesia por lo que aporta a la sociedad en términos materiales, no morales o espirituales.
Sobre las manifestaciones de la jerarquía católica seré mucho más puntilloso. A propósito de las valoraciones que hacen sobre todo tipo de temas, a mi me parece muy bien que las hagan, que opinen sobre temas que consideran morales, se manifiesten y llenen la Plaza de Colón o incluso que pidan el voto veladamente (o no) para un determinado partido. Son absolutamente libres de obrar como quieran, ya que no poseen ninguna preeminencia particular que haga de ellos deseable neutralidad. Es cómo si una asociación de pilotos hace un comunicado diciendo que está a favor del aborto. El Estado es el que debe ser neutral, no ellos. El Estado debería garantizar la convivencia de unas doctrinas opuestas y totalizantes desde una óptica estrictamente no intervencionista. Me explico. Toda ideología, religión… tiende a tener un carácter totalitario, es decir, a abarcar todos los aspectos de la vida (morales, políticos…) y a ser excluyente de otras (Yo tengo razón y tu no). Lo que pasa, es que algunas doctrinas son más liberales que otras. Es decir, que algunas aceptan la libertad individual para pensar u opinar libremente o incluso, la posibilidad de que otro tenga razón. Si una doctrina totalitaria llega al poder y se establece sin cortapisas (institucionales, políticos o sociales) entonces llega la dictadura de “La Verdad”, y el que no la asume puede perder hasta la vida. Las diferentes religiones, ideologías… deberían en un Estado constitucional supeditarse siempre a la prevalencia de unos derechos fundamentales, porque si no, no hay viabilidad para la democracia.
En España, la religión ha tenido este carácter totalitario en la medida en la que ha impuesto creencias. Y no es que las haya impuesto cómo organización privada (si eres de un club, cumple las normas) sino que las ha impuesto con el apoyo del estado represor a su servicio. Siempre hay excepciones, y no hago un alegato contra el creyente, sino contra la imposición de las creencias. Pero cuando sale la Iglesia a la calle, a mi me da un poco de mal rollo, no porque se limiten a exigir que su voz sea tenida en cuenta (¡Las peras con las peras!) sino porque parece que quieren retomar un espacio dentro del Estado y que las políticas de este se pongan al servicio de su moral. Y es que garantizar que la gente pueda tener más libertad (casarse o divorciarse, abortar o incluso, hasta morir cuando lo desee) es para la Iglesia algo pernicioso por alejarse de su moral única y verdadera. Ya se sabe, o conmigo o contra mí. La Fe es lo que tiene.
4 comentarios:
Supongo que la iglesia no espera un buen trato por parte de Zapatero si éste resulta reelegido, o si?
Nota del talibán ortográfico:
Cuando hablas de la casilla del IRPF, te has dejado una palabra de más, pone "darse basarse"
Se debería suponer que no. Pero fíjate la paradoja: Ningún gobierno de España le había dado tanto dinero a la Iglesia en la reforma de la financiación como este, y nunca se le habían manifestado tantas veces y sobre tantos temas. Desde luego, a Dios rogando, pero con el mazo dando... y con el cepillo debajo.
Por cierto, he corregido la errata. Gracias
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