Órdago, constitución y consulta

Por más que se empeñen algunos periodistas, lo cierto es que, tras las elecciones generales, la actividad política está algo muerta. Más allá de las quinielas sobre el futuro ejecutivo o los pactos de gobierno, hay poca novedad. Uno de los últimos temas de controversia es la llamada a una consulta popular por parte del Lehendakari Juan José Ibarretxe en el mes de octubre. Cómo él mismo anunció en el debate de política general de Euskadi tras los resultados de las elecciones municipales de mayo, se hacía necesario el llamar “al pueblo vasco a resolver, a través de su voluntad democrática libremente expresada, el conflicto que lastra a este pueblo”. Y partir de aquí, la vuelta a lo mismo otra vez. Pero pongamos un momento los puntos sobre las íes.

Lo primero, una cuestión para nada baladí, comentar el pequeño asunto de que el Lehendakari, cómo presidente de Comunidad Autónoma, no tiene potestad para convocar un referéndum. Esta competencia es exclusiva del ejecutivo del Estado. Y el Lehendakari parece olvidar que él, cómo cargo institucional, es el máximo representante del Estado en Euskadi. Que su poder, de manera exclusiva, mana de la Constitución, la norma fundante básica de la que surge el Estado, y por lo tanto, también de todas las normas legales. El “embrollo jurídico”, que menciona Urkullu, Secretario del PNV, es precisamente el cogollo de la cuestión. Tal convocatoria sería flagrantemente inconstitucional y, por ello, privada de validez jurídica. El único resultado es el contencioso politico y la frustración que se le derivaría en una parte de la población que verá en tal denegación del referéndum un acto de opresión y no de legalidad. El Estado Español ataca de nuevo. Y así, capitalizar la frustración otra vez. Los votos del desencanto, sin importar las fracturas que se generen en la sociedad española y vasca.

Hay una pregunta muy pertinente que hacerse que, mientras que no resolvamos de modo definitivo, hará que estemos continuamente retornando al mismo asunto. ¿Hay alguna entidad no jurídica que esté por encima de la Ley? ¿Hay alguna Nación o Credo que pueda justificar la violación o negación de la ley? Si es así, entonces, corresponderá a cada colectivo (o más bien, sus representantes) el definirse en instancia última cómo jurado inapelable de lo justo y lo injusto, y por lo tanto, de lo que puede o no hacerse. Por el contrario, yo soy más bien de la opinión de que no existe entidad ninguna que sea superior a la Ley, siempre que esta mane de un cuerpo democrático constituyente (si genera la Constitución) o constituido (si aprueba las leyes). Ello no significa el conformismo con la ley pero sí su acatamiento. El cumplimiento de las normas de juego, que son las mismas con las que competimos todos. Uno no puede decir hasta que punto las normas si me valen (por ejemplo, para ocupar cargos e instituciones) pero cuando ya no me sirven pretender saltármelas (vulnerando flagrantemente la ley). De hecho, los propios árbitros del sistema, sea la judicatura ordinaria o el Constitucional, tomarían cartas en el asunto para que todos jueguen igual.

No hago apología aquí contra ninguna ideología, pero sí contra la falta de rigor y el exceso de hipocresía en algunas formas de hacer las cosas. Si no gustan las reglas del sistema, hay mecanismos para cambiarlas. Hay mayorías cambiantes, hay pactos posibles. Pero si de verdad se quiere impulsar una iniciativa, dejemos de cargarla de falacias. Dejemos de jugar al ratón y al gato lanzando órdagos imposibles que no buscan sino generar frustración y conflicto. Va siendo hora de tener una visión más amplia y conforme a la ley, buscar el legítimo arreglo de nuestras diferencias.